Este último sostuvo que la magistrada había hecho una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y las pruebas así como del marco regulatorio” que, evaluó, no se respetó al contraer “una deuda insostenible”, la “más grande de nuestra historia” y del propio organismo de crédito que tuvo como contrapartida un proceso de fuga de capitales.
Agüero Iturbe se remitió días atrás a lo que había planteado Picardi y lo hizo propio: “En el escrito impugnatorio se ha detallado acabadamente las conductas desplegadas, la participación de quienes considera responsables en el suceso investigado, como así también las pruebas que considera acreditan los hechos denunciados…”.
En el dictamen de 85 páginas que presentó la primera semana de febrero, tres días después de que Capuchetti dio por cerrado el caso, el fiscal de instrucción especificó que entre los imputados no sólo estaba el expresidente Mauricio Macri sino –entre otros— tres funcionarios del actual Gobierno, que son Luis Caputo, ministro de Economía, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
La causa judicial se había iniciado tras el primer acuerdo con el FMI del macrismo, firmado en junio de 2018, y la jueza se tomó todos estos años para decir que era una cuestión “no judiciable” (es decir, una decisión de política económica).
En forma genérica, descartó el desvío o apropiación indebida de fondos. En forma sincronizada con el fallo, el Gobierno retiró su querella del caso, que era llevada adelante por la Procuración General del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado.
Aunque el expediente se quedó sin esa querella estatal cuenta con el impulso de la fiscalía, que en todos estos años avanzó en la investigación y mostró que el propio Banco Central y los organismos de control (Sindicatura General de la Nación y Auditoría General de la Nación) habían alertado sobre el incumplimiento de las normas administrativas.
En ese plano, además de la falta de aprobación por parte del Congreso (algo previsto en el artículo 75 inciso 4 de la Constitución), quedó claro que el trámite interno había sido posterior a la consumación del acuerdo, que no había dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y autorización de jefatura de gabinete para las negociaciones, tampoco informe del BCRA sobre la viabilidad jurídica ni firma del ministerio de Finanzas.
La jueza, sin embargo, dijo que no hacía falta la instancia parlamentaria y que bastaba con los pasos administrativos dados.
Ahora deberá revisar la causa la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los dos jueces nombrados sin concurso por Macri (Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladados desde un tribunal oral) y un tercero designado por el mismo gobierno, y que sí dio examen, Mariano Llorens.
