Desde el sector aseguran que la situación económica es cada vez más crítica. En este sentido, remarcan que el gobierno nacional acumula alrededor de cinco meses de atraso en los pagos por prestaciones, mientras que los aranceles que se abonan actualmente quedaron desfasados frente a la inflación, con un atraso que estiman en torno al 40%.
Además, señalaron que la problemática se profundiza porque varias obras sociales nacionales (entre ellas Pami e Incluir Salud) también mantienen deudas por servicios ya brindados.
Según explicaron, esto complica el funcionamiento diario de las instituciones y de los transportistas, que muchas veces no pueden afrontar gastos básicos como salarios o combustible.
