El pacto involucra a los fondos Attestor Master y Bainbridge Fund, tras el reciente alivio judicial que significó el fallo por la expropiación de YPF, el Gobierno intenta clausurar los últimos focos de conflicto financiero heredados de la crisis de 2001.
De acuerdo a la documentación enviada a la jueza neoyorquina Loretta Preska, el Estado argentino alcanzó un consenso con los demandantes el pasado 1° de abril consolidando los compromisos previos del 11 de marzo.
La negociación permitió desactivar medidas de presión extremas. En marzo, las partes habían solicitado “respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”.
Este pacto judicial es el que ahora el Gobierno pretende formalizar con apoyo legislativo, buscando dar un cierre definitivo a un capítulo de litigios que ya supera el cuarto de siglo y que sobrevivió a tres canjes de deuda previos.
