La medida rige desde el 1° de marzo de 2026 y alcanza a docentes de gestión pública y privada, además de asistentes escolares.
El esquema, implementado originalmente en 2024, busca reducir el ausentismo y garantizar la continuidad pedagógica en las aulas mediante incentivos económicos mensuales y trimestrales.
Desde el Ejecutivo provincial justificaron la continuidad del programa en los resultados obtenidos.
“El resultado de la medida ha sido beneficioso para el sistema educativo y por ello resulta relevante prolongar su vigencia”, señalaron en los considerandos del decreto.
En la misma línea, Goity afirmó: “Es una política que reconoce el trabajo docente y mejora la continuidad de los aprendizajes”.
En paralelo, el Gobierno abonó recientemente más de $7.200 millones correspondientes al incentivo de febrero, alcanzando a casi 75 mil trabajadores del sistema educativo. La política se mantendrá vigente, al menos, hasta marzo de 2027, con financiamiento garantizado mediante readecuaciones presupuestarias internas.
