La iniciativa establece la inhabilitación cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada, aún sin sentencia firme, y se mantiene durante el cumplimiento de la pena y hasta diez años después.
El proyecto de ley modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y amplía el alcance de los delitos o los causales de inelegibilidad que inhabilitan a ser candidato.
Según se especifica en el texto presentado, no podrán postularse quienes tengan condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional.
