El pedido se produjo en medio de cuestionamientos sobre el crecimiento patrimonial del funcionario y la situación legal del inmueble.
Según consta en el expediente judicial, los hermanos Adorni argumentaron que las acreedoras del crédito hipotecario habían mostrado “desinterés” en el cobro de la deuda durante más de dos décadas.
En ese sentido, sostuvieron que la falta de impulso del proceso por parte de las ejecutantes evidenciaba la intención de no continuar con el reclamo.
Además, solicitaron una acción declarativa de certeza para que la Justicia reconociera la prescripción de la obligación surgida del contrato de mutuo con garantía hipotecaria firmado en 1996.
En ese marco, plantearon que la extinción de la obligación principal implicaría también la cancelación de la hipoteca que pesaba sobre el inmueble.
No obstante, la historia del departamento se remonta a una operación en la que el padre de los hermanos Adorni acordó pagar el inmueble en doce cuotas, siendo la última con vencimiento en noviembre de 1997.
