Una auditoría realizada por el Ministerio de Salud encendió las alarmas dentro del Estado nacional luego de detectar presuntos sobreprecios millonarios en compras de insumos ortopédicos efectuadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025.
El informe técnico reveló diferencias de hasta el 4239% respecto de los valores de mercado y derivó en una investigación judicial que ya involucra a exdirectivos, empresarios y proveedores vinculados entre sí.
La causa, que está bajo la órbita del fiscal Franco Picardi, apunta a un supuesto esquema de corrupción montado alrededor de contrataciones estatales.
Según la documentación oficial, existieron maniobras sistemáticas para beneficiar a determinadas firmas mediante procesos licitatorios presuntamente manipulados.
El trabajo de auditoría comparó las facturas abonadas por el Estado con valores de referencia del mercado y encontró diferencias consideradas injustificables por los técnicos del Ministerio.
El informe, publicado por La Nación, sostiene que “el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”.
