En las mismas se denunciaba un supuesto trato preferencial para los funcionarios públicos que pidieron créditos hipotecarios en el Banco Nación.
La disputa se originó cuando la jueza Capuchetti le pidió al juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado 4, que dejara de intervenir en causas paralelas iniciadas en abril por diferentes denunciantes, alegando que se trataba de hechos idénticos que debían investigarse en un único expediente.
