El fallo llega luego de que miembros del Ministerio Público Fiscal advirtieran sobre la falta de recursos para llevar a cabo tareas periciales en las causas por apropiación de niños y niñas durante la última dictadura. Las partidas asignadas para el 2026 representan apenas el 55,96% de lo solicitado por el organismo.
El juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de La Plata, sostuvo que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos” y recordó los alcances de la ley 26.548, que entre otros puntos exige asegurar que sus tareas se desarrollen “con normalidad, evitando suspensiones y demoras”.
La sentencia llega luego de una presentación realizada por Pablo Parenti, Fiscal General de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado; por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, a raíz de una comunicación de la Directora del BNDG, quien advirtió que el organismo se encuentra en una situación crítica.
