La norma deja atrás el esquema de prohibición vigente hasta ahora y establece un sistema de registro, control y eventual comercialización de estos dispositivos.
Para la legisladora, el giro no es menor: implica pasar de una política centrada en la prevención a otra que, en los hechos, reconoce y regula un consumo en expansión, especialmente entre adolescentes.
“Cuando más crece el uso en jóvenes, el Estado modifica su enfoque y deja de fijar un límite claro”, advirtió.
La resolución, además, se apoya en datos oficiales que señalan que los vapeadores ya figuran entre las sustancias más consumidas por estudiantes secundarios.
Martorano alertó sobre el impacto sanitario de estos productos, que contienen nicotina —una sustancia altamente adictiva— y que suelen presentarse mediante estrategias de marketing orientadas al público joven.
“Sabemos cómo funciona: sabores, colores, estética atractiva. No es casual, es una industria que necesita captar nuevos consumidores”, sostuvo.
Agregó que el problema no radica sólo en el contenido de la norma, sino en el momento en que se adopta, en medio de un aumento del consumo juvenil.
En ese marco, la diputada impulsó su proyecto legislativo para reforzar restricciones, limitar el acceso y priorizar la prevención.
“No podemos naturalizar que los chicos estén vapeando. Llegar después con controles no alcanza. La discusión es si el Estado quiere correr detrás del problema o frenarlo antes”, planteó.
Finalmente, fue categórica: “No hay productos de nicotina inocuos. Cuando el mensaje se vuelve ambiguo, el que gana es el mercado. Y cuando eso pasa, los que pierden son los más jóvenes”.
