Sin embargo, Pollicita dejó abierta la posibilidad de evaluar otras restricciones, como prohibirle al funcionario el contacto con determinados testigos.
Por otra parte, la Justicia ordenó llevar a cabo el peritaje del celular del contratista que declaró este lunes, Matías Tabar, para verificar los supuestos mensajes y comunicaciones que habría tenido tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa, Bettina Angeletti.
Pagano había presentado la solicitud de detención apoyándose en la “doctrina Irurzun”, un criterio jurisprudencial que facilita la prisión preventiva para (ex) funcionarios públicos y que, por pertenecer al Estado, pueden generar "vínculos residuales" y entorpecer una investigación judicial, incluso si ya no están en su cargo
