La iniciativa surge a raíz de graves denuncias por irregularidades técnicas y jurídicas, centradas especialmente en el presunto uso de informes apócrifos con el sello de las Naciones Unidas para avalar el proceso.
El punto más crítico de la denuncia, que ya tramita ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), sostiene que la licitación se apoya en un documento técnico atribuido a la UNCTAD (organismo de la ONU) que sería falso.
Peritajes informáticos detectaron que los archivos fueron generados en Word Office 365, carecen de firmas digitales criptográficas y las firmas visibles serían simples imágenes "pegadas" o montajes gráficos.
