La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) envió un escrito de no más de una carilla donde reconoció no estar en condiciones materiales de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras, argumentando que, por el momento, no contaba con las herramientas y las "licencias" tecnológicas correspondientes para avanzar y que daría aviso cuando las tuviera.
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El objetivo del trabajo solicitado a la unidad dedicada a investigar el ciberdelito, dependiente del Ministerio Público, era intentar quebrar el anonimato de la blockchain, red en la que quedan registradas las transferencias, y poder determinar la ruta del dinero de un determinado activo.
El pedido de Taiano fue impulsado por una de las querellas, teniendo en cuenta la gran cantidad de cuentas con importante actividad que existen en el entramado digital bajo investigación. Es válido mencionar que la UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, tuvo un rol preponderante en el devenir de la investigación.
En $LIBRA se logró avanzar con el caso del jubilado Orlando Mellino, Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, que entre enero y febrero de 2025 recibieron más de 730.000 dólares digitales de Hayden Davis, según se indicó en el expediente.
Utilizando el recurso del que ahora carece, previamente el organismo logró dar con un grupo particular de 74 billeteras virtuales que adquirieron el activo de forma masiva en momentos clave con compras por más de 13 millones de dólares llevadas a cabo 22 segundos antes de la publicación en X del presidente Javier Milei.
La publicación en redes de Milei, que en aquel momento estaba al teléfono con Novelli mientras este estaba en Estados Unidos con Davis, le dio vida pública al activo $LIBRA, lo que provocó que el precio se disparara y luego se produjera un colapso de la moneda como consecuencia del retiro de fondos.
En principio, la UFECI logró identificar un grupo de billeteras "privilegiadas", aunque no a sus dueños, dado que contaba con una versión "demo" del software de alta complejidad que se emplea en estos casos, tanto en organismos públicos como privados, para rastrear operaciones con criptoactivos e identificar flujos de fondos.
De esta manera, el trabajo se realizó a través de una versión de prueba gratuita que la empresa de software concede por tiempo limitado. No obstante, la versión gratuita expiró y la Procuraduría aún no logró adquirir una licencia paga dado el "ajuste presupuestario" establecido desde el Gobierno, según indicó una fuente cercana al caso.
A partir de fuentes especializadas y licitaciones públicas, el caso requiere de herramientas costosas cuyo valor oscila entre los 50.000 y los 400.000 dólares, según la cantidad de usuarios que puedan usar el programa en simultáneo y quién sea el comprador.
