El principal implicado en la causa, el ex director del organismo, Diego Spagnuolo, sostiene que las piezas de audio difundidas a través del canal de streaming Carnaval son falsas.
Ante este escenario, la Gendarmería Nacional será la encargada de realizar el estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y procedencia de la prueba digital.
La representación legal del ex funcionario, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, busca demostrar que las grabaciones sufrieron alteraciones y montajes maliciosos con el objetivo de impugnar su validez legal y solicitar la nulidad de las actuaciones.
Para ello, la defensa designó como perito de parte al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok.
El consultor técnico presentó un pliego de diez puntos de pericia orientados a auditar la cadena de custodia del material y verificar si existen saltos temporales o ediciones digitales.
La hipótesis de la defensa señala que el archivo constituye un ensamble artificial de diálogos tomados en ambientes públicos combinados con fragmentos de llamadas telefónicas.
De hecho, los abogados aportaron un informe privado previo realizado en España que aduce un 65% de probabilidades de manipulación mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
En paralelo, el fiscal Franco Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para controlar la medida, mientras que las firmas farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente también sumaron sus propios técnicos.
