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Sadop acusó al Gobierno provincial de aplicar un ajuste sobre los trabajadores

 





El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) lanzó duras críticas contra el Gobierno provincial y advirtió sobre una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. 

"Los datos conocidos en los últimos días confirman lo que desde el comienzo advertimos: la política de aumentos salariales impuesta por decreto por el gobierno de Maximiliano Pullaro no buscaba resolver el conflicto ni proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, sino ejecutar un plan de ajuste sobre los salarios del sector público", afirmó Lucero.

"La realidad es contundente. Sobre una propuesta salarial acumulada del 12,6%, el gobierno ya quedó más de cuatro puntos por debajo de la inflación en apenas cinco meses", precisó el dirigente gremial y amplió: "Esto deja en evidencia una de dos posibilidades: o existe una decisión deliberada de deteriorar los ingresos de docentes, empleados públicos y jubilados para reducir el gasto salarial, o quienes conducen la provincia no tienen la capacidad de realizar proyecciones mínimamente razonables sobre la evolución de los precios".

"Cualquiera de las dos explicaciones es grave. Lo que resulta inadmisible es que el gobernador haya sostenido públicamente que en Santa Fe los salarios le estaban ganando a la inflación. Ningún indicador de 2026, ni tampoco de los años anteriores, respalda semejante afirmación. Por el contrario, los datos muestran una pérdida constante del poder adquisitivo y una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia las cuentas del Estado provincial", denunciaron desde Sadop. 

Más adelante, el titular del gremio de los docentes privados añadió: "Hoy queda más claro que nunca que la provincia hace caja con el deterioro de los salarios y las jubilaciones. Son los trabajadores y los sectores más vulnerables quienes están financiando este brutal ajuste santafesino, mientras el gobierno se niega a reconocer una realidad que ya resulta inocultable".

"La pérdida salarial no es un error de cálculo. Es una decisión política cuyos costos recaen, una vez más, sobre quienes sostienen diariamente la educación pública y los servicios esenciales del Estado", remató Lucero.


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