El Gobierno firmó el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, y presentó la privatización como el inicio de una “nueva era de gestión privada”. Sin embargo, el anuncio oficial llega después de un proceso marcado por graves señales de direccionamiento, cuestionamientos técnicos y denuncias que apuntan contra la estructura misma de la licitación.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía sostuvo que la adjudicación a Jan de Nul-Servimagnus fue el resultado de un proceso “transparente” y participativo, con intervención de usuarios privados, provincias ribereñas y organismos internacionales.
La versión oficial, sin embargo, omite los puntos más sensibles detectados durante el procedimiento: un pliego señalado como hecho a medida, plazos que habrían restringido la competencia, una Comisión Evaluadora cuestionada y un esquema de puntajes que terminó favoreciendo al consorcio que finalmente se quedó con la concesión.
La Hidrovía es una infraestructura estratégica para la Argentina: por esa vía circula cerca del 80% del comercio exterior del país. Así, la adjudicación no solo tiene impacto logístico y económico, sino también político.
La concesión quedó en manos del consorcio integrado por la belga Jan de Nul y Servimagnus, detrás del cual aparece el Grupo Román como socio local, en un expediente que desde el inicio acumuló sospechas y que ahora se encamina a una nueva etapa de judicialización.
En su comunicado, Economía afirmó que el proceso estuvo “marcado por la transparencia y la participación” y que no se registraron impugnaciones por parte de las empresas participantes.
Ese argumento es uno de los principales puntos de tensión: para impugnar cada etapa del procedimiento se exigía un pago de u$s10 millones no reembolsables, una condición que fue señalada como una barrera concreta para cuestionar formalmente las decisiones de la Comisión Evaluadora.
El Gobierno también destacó que la licitación fue acompañada por cámaras empresarias, provincias ribereñas y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Pero ese aval también quedó envuelto en controversia: dos empresas acudieron a Naciones Unidas ante sospechas sobre la forma en que fueron utilizados los respaldos técnicos atribuidos al organismo internacional.
Lejos de despejar las dudas, el escrito insiste en que se trató de una licitación sin objeciones, pese a que durante el proceso se acumularon advertencias sobre conflictos de interés, costos inflados, condiciones restrictivas y un diseño técnico que habría condicionado el resultado final.
