La iniciativa fue impulsada por el diputado Miguel Rabbia y cuenta con el respaldo de sus pares Lucila De Ponti, Marcos Corach, Verónica Porcelli, Sonia Martorano, Celia Arena y Walter Agosto.
El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que informe el detalle de las actualizaciones del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la tarifa que administra la empresa provincial, así como el marco legal y las resoluciones administrativas que sustentaron cada incremento.
Además, los legisladores reclaman precisiones sobre la suspensión de las audiencias públicas que, según sostienen, dejaron de convocarse desde agosto del año pasado pese a que las modificaciones tarifarias impactan directamente en usuarios residenciales, comercios e industrias.
En los fundamentos del pedido de informes, los diputados recuerdan que el suministro eléctrico constituye un servicio público esencial y sostienen que las modificaciones en su costo deben estar acompañadas por mecanismos que garanticen información suficiente y participación ciudadana.
Citan además antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que destacan el valor de las audiencias públicas como una herramienta destinada a otorgar transparencia y legitimidad a las decisiones vinculadas con las tarifas de los servicios públicos.
Al fundamentar la iniciativa, Rabbia cuestionó la política tarifaria de la gestión Pullaro y advirtió sobre sus efectos en la economía provincial.
