De esta manera, el Estado deberá continuar con la asignación de las partidas presupuestarias previstas para la actualización salarial y el financiamiento de programas estudiantiles mientras se resuelve el fondo de la causa.
En su resolución, la Cámara determinó que el recurso de apelación presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar quedó abstracto, debido a que el máximo tribunal rechazó el planteo del Estado nacional, eliminando así el único fundamento que sostenía esa suspensión.
Como consecuencia de esa decisión, quedó sin efecto cualquier interrupción en la ejecución de la cautelar y el Estado quedó obligado a disponer los recursos necesarios para actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de garantizar la recomposición de las becas estudiantiles.
La Sala III de la Cámara devolvió el expediente al juzgado de primera instancia para que continúe con la ejecución plena de la medida. En consecuencia, la cautelar no podrá ser suspendida mientras se desarrolla el proceso judicial que definirá la cuestión de fondo.
