En la intimación, fechada el 27 de julio, la legisladora le exige al mandatario que «se abstenga de proponer, impulsar y llevar adelante tratativas por sí o por interpósitas personas» con el objetivo de conseguir la aprobación legislativa del proyecto.
Según sostiene, la modificación «comportaría una efectiva regresión en las políticas anticorrupción», al quebrantar estándares internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino a través de tratados y convenciones.
La diputada también remitió cartas documento con similares advertencias al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su condición de titular del Senado; y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, extendiéndoles las mismas consideraciones respecto de eventuales gestiones, conversaciones o proposiciones que pudieran llevar adelante con integrantes de los cuerpos legislativos para facilitar el tratamiento de la reforma.
En el texto dirigido a Milei, Frade argumenta que promover una reforma de esas características sería incompatible con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac), la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, la Recomendación 12 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Convención de la OCDE y la Ley de Ética Pública. También advirtió que, en caso de que el Poder Ejecutivo impulse la modificación, dejará planteada la reserva para iniciar las acciones judiciales que considere pertinentes.
