La protesta, comenzó el sábado 1 de agosto, afecta especialmente a la Hidrovía Paraná-Paraguay y a los puertos del Gran Rosario, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas, aunque se mantienen guardias mínimas para garantizar la operación de buques petroleros y gaseros.
El conflicto comenzó tras la entrada en vigencia del decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modifica el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991.
La norma busca eliminar las denominadas «barreras de entrada» al sector, habilitar la libre contratación de prácticos por parte de las empresas, establecer tarifas máximas para el servicio, simplificar los recorridos y permitir que determinados capitanes con experiencia puedan navegar sin la obligación de contratar un práctico en algunos trayectos.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a reducir los costos logísticos, incrementar la competencia y mejorar la competitividad del comercio exterior.
Sin embargo, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante rechazó la iniciativa al considerarla «abusiva e inconstitucional».
La entidad anunció que presentará una acción de amparo ante la Justicia Federal y una denuncia penal contra los funcionarios que impulsaron la medida, al advertir que los cambios comprometen la seguridad de la navegación en los ríos argentinos.
