Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi concluyeron que no se probó ni la “malicia” exigida para castigar una omisión en declaraciones juradas ni una “confusión de intereses públicos y privados” en la colocación de bonos.
El expediente se había originado por una denuncia en 2017 contra el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, por presunta omisión maliciosa en las declaraciones juradas, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos.
