Para la justicia federal, las tareas que desarrolló la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) antes y durante la realización de dos cumbres internacionales –que incluyeron la confección de un semáforo de periodistas según su afinidad ideológica con el gobierno de Mauricio Macri– estuvieron justificadas y fueron proporcionadas con el riesgo que ambos eventos entrañaban.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) confirmaron que recurrirán la decisión para que no se consolide un escenario de impunidad.
El 5 de junio de 2020, la entonces interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció que había hallado fichas que habían confeccionado sus antecesores sobre personas que iban a participar de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) –en 2017– y del G20 –en 2018–.
Entre el material, se encontraban también algunos informes sobre partidos políticos, como uno que ponía la mira en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), cuya referente es Myriam Bregman.
Para Caamaño, lo encontrado era prueba de que la AFI macrista había violado el artículo 4 de la Ley 25.520, que establece que los organismos de inteligencia no pueden “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
