La principal sospecha apunta al posible uso irregular de vehículos oficiales, personal, viáticos y otros bienes públicos para asistir al dirigente brasileño.
La investigación busca establecer si existió una colaboración desde el Estado argentino y, en ese caso, quiénes intervinieron, qué recursos se utilizaron y bajo qué autorización.
El eje no está solamente en cómo Bolsonaro logró salir del país, sino también en si para hacerlo se pusieron a disposición recursos que pertenecen al Estado y se financian con fondos públicos.
La causa se inició a partir de denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón y quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscal Ochoa.
La fiscal Ochoa busca determinar si hubo una utilización de la estructura estatal para facilitar el traslado del brasileño, en una maniobra que podría exceder una eventual irregularidad migratoria.
