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Más de 3 mil pymes y comercios accedieron a créditos de un programa provincial

 




El Gobierno de Santa Fe confirmó el cierre por cupo agotado del programa de bonificación de tasas para micro, pequeñas y medianas empresas implementado entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Mercado Argentino de Valores (MAV). 

La operatoria, estructurada por el ministro Gustavo Puccini en el marco del plan del gobernador Maximiliano Pullaro, marcó un hito en la vinculación público-privada al convertir una partida de subsidio estatal en una inyección de $ 37.836.821.298 para el aparato productivo santafesino. 

El mecanismo se apoyó en $ 1.000 millones aportados por la Provincia para abaratar el crédito bursátil. El programa apalancó 3.217 operaciones comerciales en beneficio de 276 MiPyMEs provinciales. 

La reducción promedio obtenida por las firmas alcanzó el 2,63 % sobre la tasa nominal de cada operación. “Logramos multiplicar cada peso provincial (esos 1.000 millones aportados por la Provincia) casi 38 veces, inyectando cerca de $ 38.000 millones a la economía real”, señaló el ministro Gustavo Puccini. 

La operatoria funcionó como una plataforma de inclusión financiera, permitiendo descontar de manera digital Cheques de Pago Diferido (CPD físicos y Echeqs), Pagarés Bursátiles Electrónicos y Facturas de Crédito Electrónicas (FCE). A través de la red de agentes del MAV, las firmas tramitaron su certificado de elegibilidad ante la Provincia, con acreditación inmediata de fondos y el subsidio aplicado automáticamente en cada liquidación.

En la distribución por rubros, la mayor parte del crédito se volcó a los sectores centrales de la actividad. La Industria Manufacturera lideró la colocación al captar el 60,7 % de las bonificaciones ($ 604.710.990) a través de 152 empresas y un volumen superior a los $ 22.636 millones. 

El Comercio Mayorista representó el 25,8 % de los fondos ($ 257.507.739) mediante 66 firmas y más de $ 10.083 millones, en tanto que la Construcción concentró el 5,2 % ($ 51.607.924) en 17 empresas por $ 2.084 millones. 

El esquema se completó con un 3,6 % en Comercio Minorista ($ 35.798.557), un 1,8 % en Transporte y Logística ($ 18.036.806), e intervenciones en Servicios Profesionales, Salud, Minería, Energía y Servicios Empresariales.

Repararon más de 4 millones de metros de grietas en el territorio provincial

 




El Gobierno Provincial avanza a paso firme con un plan clave de mantenimiento vial destinado a proteger las rutas pavimentadas de todo el territorio santafesino. 

A través de contrataciones consecutivas entre 2024 y 2026, la gestión ya superó los 4,2 millones de metros lineales de sellado de fisuras, un procedimiento preventivo que busca evitar el deterioro profundo de la calzada. 

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, graficó el impacto visual y operativo de las tareas al detallar que “las líneas oscuras que se ven sobre el asfalto son el resultado de ese trabajo. Cuando el pavimento se fisura, el agua entra y el daño crece hasta formar un pozo; el sellado corta ese proceso antes de que empiece”. 

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), su titular Pablo Seghezzo destacó que se trata de uno de los contratos de prevención más eficientes y económicos para el Estado provincial. 

“Sellar a tiempo evita que el agua llegue a la base del camino. Si el agua penetra, después hay que reconstruir desde cero, lo que implica costos infinitamente mayores a los de reparar una grieta a tiempo”, explicó el funcionario.

El plan abarca una inversión que alcanza los 10.000 millones de pesos y se despliega de manera estratégica en múltiples corredores viales, incluyendo las rutas provinciales 1, 2, 4, 10, 13, 14, 18s, 26, 91 y 93, entre otras. 

Las cuadrillas continúan trabajando activamente en distintos departamentos para garantizar rutas más seguras y duraderas en toda la red vial santafesina.

Nación ordenó cerrar 72 registros automotores y 13 están en Santa Fe

 




El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva etapa de reorganización de los registros automotores y ordenó el cierre operativo de 72 dependencias en todo el país, de las cuales 13 corresponden a Santa Fe. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.

La normativa dispone la supresión de 67 registros seccionales y establece que otras cinco oficinas, cuya eliminación había sido aprobada anteriormente, también deberán completar su cierre.

La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios tendrá un plazo máximo de 60 días hábiles para ejecutar las medidas, redistribuir los expedientes y establecer qué dependencias continuarán atendiendo los trámites. 

El Gobierno fundamentó la decisión en su programa de digitalización y simplificación administrativa, cuyo objetivo declarado es reducir estructuras, concentrar funciones y mejorar la eficiencia del sistema registral.

El nuevo esquema se suma a una serie de cierres y reorganizaciones iniciados durante 2024. Cuáles son los registros afectados en Santa Fe La provincia aparece entre las jurisdicciones con mayor cantidad de oficinas alcanzadas. 

El listado de 12 nuevas supresiones comprende dependencias ubicadas en distintas regiones del territorio santafesino: 

Chañar Ladeado: registro especializado en maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios. Esperanza: dependencia con competencia sobre maquinaria y créditos prendarios.
Firmat y Melincué: registro automotor y de créditos prendarios.
Las Rosas: oficina especializada en maquinaria agrícola, vial e industrial. 
María Teresa y Venado Tuerto: registro automotor y de créditos prendarios. 
Rafaela: dependencia vinculada con motovehículos y créditos prendarios. 
Rufino: registro especializado en maquinaria agrícola, vial e industrial. 
San Carlos Centro: oficina destinada a maquinaria y créditos prendarios. 
San Genaro y Totoras: registro automotor y de créditos prendarios. 
San Justo: dependencia especializada en maquinaria. 
Santa Fe Nº 2: registro con competencia específica sobre maquinaria agrícola, vial e industrial.
Vera: oficina especializada en maquinaria y créditos prendarios. 

A esas doce oficinas se suma el Registro Automotor Rosario Nº 3, cuya supresión ya había sido dispuesta mediante una resolución de 2025, pero que ahora deberá completar efectivamente su cierre. 

De esta manera, la nueva disposición alcanza a 13 dependencias santafesinas, aunque solamente doce representan nuevas supresiones.

Una particularidad de la medida es el peso que tienen los registros vinculados con maquinaria agrícola, vial e industrial. 

De las doce oficinas que se eliminan ahora en Santa Fe, ocho tienen competencia exclusiva sobre ese tipo de bienes, además de intervenir en créditos prendarios. 

Por lo tanto, la disposición no significa que desaparezcan todas las oficinas registrales de las localidades mencionadas, sino las dependencias específicas incluidas en la resolución.

Dos detenidos sospechados de participar del posible plan para asesinar a Pullaro

 




La semana pasada, Maximiliano Pullaro estuvo en esa localidad del departamento San Cristóbal, en el marco de actividades oficiales. A través de un llamado al 911, un hombre denunció que había un plan para asesinar al gobernador que habría estado elaborado por integrantes de una banda narcocriminal de la zona.

Según consta en la denuncia, la operación incluía la contratación de un sicario en la ciudad de Selva, Santiago del Estero, para llevar a cabo el homicidio. 

En ese marco, el jueves pasado se realizaron diversos allanamientos en Ceres que culminaron con la detención de un hombre por la portación ilegal de arma de fuego. 

En tanto, este jueves 5 de noviembre se dispuso la detención de ese sujeto y se detuvo además a otras dos personas. 

De los dos nuevos sujetos aprehendidos, uno que contaba con prisión domiciliaria por una condena por tráfico de drogas. 

Además, habría otros tres sujetos involucrados en la organización que estarían identificados por la fiscalía. En tanto, este jueves al mediodía, durante la audiencia de medidas cautelares, la Justicia ordenó la prisión preventiva sin plazo para A. P., de 67 años, el primer hombre aprehendido en la causa.

Diputados dio media sanción a la reforma en Seguridad

 




La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de ley de seguridad impulsado por el Ejecutivo, con cambios al texto original derivados de debates dentro de la coalición oficialista. El oficialismo logró destrabar antes del debate las diferencias internas dentro del interbloque Unidos y acordara una nueva redacción del proyecto. 

Este jueves al mediodía, las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales emitieron dictamen favorable, lo que permitió llevar la iniciativa al recinto. El proyecto, denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, propone modificar distintas normas provinciales vinculadas con la investigación penal, las facultades policiales y fiscales, el funcionamiento del sistema penitenciario y el combate contra las organizaciones criminales. 

Entre los principales cambios incorporados durante las negociaciones se encuentran modificaciones al régimen de allanamientos, la regulación del juicio en ausencia y las intervenciones sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas. 

También se introdujeron correcciones en algunos de los artículos que habían generado mayores cuestionamientos dentro del oficialismo. Uno de los puntos centrales de la discusión fue la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias. 

La nueva redacción contempla la intervención del fiscal y establece mecanismos de control judicial posterior. También se revisaron las disposiciones sobre las zonas de intervención policial especial y la toma de declaraciones a personas imputadas. 

La aprobación en Diputados representa un avance para una de las principales reformas en materia de seguridad que impulsa la gestión de Pullaro, aunque el proyecto todavía deberá conseguir el respaldo de la Cámara alta para convertirse en ley.

La Policía podrá exigir un código de los celulares en controles callejeros

 



La Policía de Santa Fe contará con nuevas facultades para controlar la procedencia de los teléfonos celulares y otros dispositivos móviles. La Legislatura provincial sancionó una ley que autoriza a los efectivos a exigir la exhibición del código IMEI durante controles en la vía pública.

La normativa apunta a fortalecer los mecanismos de trazabilidad de los celulares y verificar si los equipos tienen un origen legal. 

De esta manera, los dispositivos móviles pasarán a estar alcanzados por un esquema de control similar al que rige para otros bienes registrables, como los vehículos. 

Uno de los aspectos centrales de la ley es que los uniformados podrán solicitar el IMEI sin necesidad de que exista una investigación previa, una orden judicial o una sospecha concreta sobre el origen del teléfono.

El presidente provisional Felipe Michlig destacó la celeridad con la que la Cámara Alta aborda los proyectos vinculados a la seguridad. 

Asimismo, manifestó su preocupación por la demora en el tratamiento en Diputados del proyecto sobre violencia de género, aprobado por el Senado el 22 de octubre. 

En ese marco, señaló que habían transcurrido quince días sin que la iniciativa fuera tratada y expresó su inquietud por los índices de femicidios registrados en Santa Fe.

El IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) es un número único de 15 dígitos que identifica a cada teléfono celular. Su consulta es sencilla: alcanza con ingresar el código *#06# desde la aplicación de llamadas del dispositivo.

También es posible encontrarlo en la caja original del equipo y, según el modelo, en la configuración del teléfono. 

A partir de la nueva legislación, los ciudadanos deberán permitir que los agentes policiales accedan a esta información cuando sea requerida durante un procedimiento. 

La norma contempla que, ante la negativa a exhibir el IMEI, el dispositivo pueda ser decomisado por las autoridades. 

La iniciativa busca facilitar la identificación de teléfonos de procedencia irregular y aportar herramientas para combatir la circulación y comercialización de equipos vinculados con hechos delictivos. 

La sanción definitiva llegó luego de que la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobara el proyecto con las modificaciones introducidas previamente por Diputados.

Podrían reactivar dos plantas de lácteos Verónica

 


La empresa Molfino, controlada por el grupo peruano Gloria y propietaria de la marca La Paulina, presentó ante la Justicia una propuesta para retomar la producción en las plantas de Lácteos Verónica ubicadas en Lehmann y Clason, en Santa Fe.

El esquema contempla contratos de fasón y busca recuperar la actividad industrial en medio de la crisis de la firma. En una primera instancia, Molfino plantea reiniciar parcialmente el procesamiento de leche en la planta de Lehmann. 

Una vez consolidada esa operación, el plan contempla incorporar las instalaciones de Clason. Ambos establecimientos volverían a funcionar mediante contratos de fasón negociados directamente con la administración de la empresa concursada. 

Esta modalidad permite que una compañía procese materia prima o elabore productos utilizando las instalaciones de otra firma, a cambio de una retribución acordada entre las partes. La iniciativa todavía requiere aprobación judicial.

Desde la conducción nacional de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) anticiparon que respaldarán la solicitud para avanzar con el esquema presentado. 

El gremio consideró que la propuesta constituye una alternativa viable y positiva para los trabajadores afectados por la paralización. 

Sin embargo, aclaró que su acompañamiento no excluye la posibilidad de evaluar otras ofertas que puedan resultar superadoras durante el proceso judicial.

Balagué renunció a la ONG Argentinos por la Educación tras el encuentro de la entidad con Milei

 




La exministra de Educación de Santa Fe y actual diputada provincial por el Frente Social y Popular, Claudia Balagué, formalizó su renuncia al comité de exministros de la ONG Argentinos por la Educación. 

La decisión de la legisladora santafesina se produjo inmediatamente después de la reunión que representantes de la entidad mantuvieron en Casa Rosada con el presidente Javier Milei, un hecho que desencadenó lo que definió como una insalvable discrepancia ética y política con el rumbo asumido por la organización. 

En su carta de renuncia, Balagué consideró inadmisible que un espacio abocado a la defensa de la escuela pública salga de un encuentro institucional sin denunciar el vaciamiento presupuestario que atraviesa el sector. 

Apoyándose en relevamientos técnicos de la propia entidad y en análisis del economista Alejandro Morduchowicz, la diputada advirtió sobre la caída proyectada del gasto nacional en educación y cultura, que pasará del 1,42% del PBI registrado en 2023 a un 0,79% para 2027, lo que representa una tijera del 44% en términos reales sobre el financiamiento de las aulas. 

En el texto, la exfuncionaria repasó además el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la paritaria nacional, alertando sobre caídas en el poder adquisitivo salarial de los maestros que en diversas provincias superan el 30% e incluso el 50% en los últimos tres años. 

Asimismo, cuestionó los recortes por más de $35.000 millones aplicados al propio Plan Nacional de Alfabetización y remarcó el ahogo financiero que sufren las universidades públicas en incumplimiento de la Ley de Financiamiento votada por el Congreso.

Frente a este escenario, concluyó que sus convicciones pedagógicas le impiden convalidar con su presencia un silencio corporativo ante el repliegue del Estado nacional de sus obligaciones constitucionales.

Aumenta un 11,57% el transporte interurbano en la provincia

 




El Gobierno de Santa Fe oficializó este martes un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos interurbanos. A través del Decreto N.º 2351/2026, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Gustavo Puccini y Pablo Olivares, se autorizó una suba del 11,57% que entra en vigencia de manera inmediata.

Con esta actualización en los parámetros de cálculo para los distintos recorridos provinciales, la tarifa mínima para los pasajeros pasó a fijarse en $2.345, IVA incluido. 

La medida afecta a todas las líneas que conectan a las distintas localidades del territorio santafesino. Desde el Ejecutivo explicaron que el ajuste responde al continuo encarecimiento de los costos operativos que afrontan las empresas prestatarias, tales como salarios, repuestos, neumáticos y combustible. 

A este marco se le suma el impacto por la quita total del Fondo Compensador del Interior por parte del Gobierno nacional.

Para determinar el porcentaje final del incremento, la Secretaría de Transporte y Logística utilizó un estudio de costos elaborado en conjunto por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (Cent) y el Grupo de Estudio sobre Transporte (Getrans). La última suba se había otorgado en el mes de abril.

El proyecto del Presupuesto provincial 2027 ingresó a la Legislatura

 




El Presupuesto 2027 de Santa Fe comenzó su recorrido legislativo con proyecciones de crecimiento económico del 4% y una inflación promedio anual del 21,1%. 

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo ingresó este viernes a la Cámara de Senadores, tendrá preferencia para su tratamiento el jueves 5 de noviembre y se prevé que llegue al recinto el próximo 19.

Entre las estimaciones macroeconómicas utilizadas para elaborar las cuentas provinciales también figuran una inflación interanual del 18% para diciembre de 2027 y un tipo de cambio de $1.847,60 por dólar al cierre del próximo año. 

La iniciativa contempla recursos totales por $18,88 billones y gastos por $18,87 billones. Según las proyecciones oficiales, el ejercicio económico cerraría con un resultado financiero positivo de $919 millones, en línea con la política de equilibrio fiscal que impulsa la administración de Maximiliano Pullaro. 

Uno de los ejes del proyecto es el ahorro corriente proyectado en $2,27 billones, que surge de la diferencia entre los recursos corrientes y los gastos corrientes. 

De acuerdo con los cálculos del Ejecutivo, ese ahorro permitirá financiar con recursos propios el 93% de los gastos de capital, previstos en $2,45 billones. 

La estimación apunta a sostener la mayor parte de las inversiones en infraestructura, equipamiento y obras públicas sin depender íntegramente de otras fuentes de financiamiento. 

El Gobierno provincial presenta esta estrategia como parte de una política de administración de los recursos que busca compatibilizar el equilibrio de las cuentas públicas con la inversión en áreas consideradas prioritarias.

Diez departamentos de Santa Fe conservarán consumo eléctrico subsidiado en verano

 




Este lunes se conoció la resolución nacional 300/2026 que amplía el área de alcance del régimen de “Zonas Cálidas” e incluye a diez departamentos del centro norte santafesino. Además de ampliar el alcance territorial, la publicación de Nación oficializó una ampliación de los bloques de electricidad que pueden recibir el beneficio. 

La medida llega luego de una diversa cantidad de gestiones encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Según detallaron fuentes provinciales, casi 240 mil usuarios de EPE se verán beneficiados. 

La resolución establece hasta 500 kilovatios hora (kWh) mensuales bonificables entre noviembre y abril en las regiones “muy cálidas” y 300 kWh en las “cálidas”, que se elevan a 370 kWh durante diciembre, enero y febrero. 

Desde la EPE detallaron que la modificación alcanza a un total de 239.106 usuarios, de los cuales 43.994 pertenecen a la zona Muy Cálida y 195.112 a la zona Cálida. Y agregaron que la medida entra en vigencia desde la publicación de la resolución, es decir desde este 1 de noviembre, y debería verse reflejado en la próxima factura, “dependiendo del ciclo de facturación del usuario”. 

Al respecto el ministro Gustavo Puccini afirmó que “el planteo que hicimos en al menos cuatro oportunidades durante el último año en reuniones con Daniel González, coordinador de Energía y Minería, e incluso el pedido que le hizo el gobernador Maximiliano Pullaro al jefe de Gabinete de Ministros de Nación, Diego Santilli, fue escuchado. Entendemos que no toda la provincia es igual, que hay zonas donde hay una mayor demanda para refrigerar hogares y que se necesita una mirada diferenciada”. 

El ministro recordó que el reclamo por la recategorización del territorio santafesino comenzó octubre de 2024 en una de las primeras reuniones de la Región Litoral, de las cuales participaron, entre otras, Claudia Giaccone, Secretaria de Región Centro e Integración Regional.

Luego, a mediados de 2025, retomaron el impulso junto a provincias del Norte Grande; y después continuaron en diferentes reuniones mantenidas con funcionarios nacionales. Y también fue planteado por la propia presidente de la EPE, Anahí Rodríguez, en reuniones del Consejo Federal de Energía. 

Desde la EPE destacaron que los beneficios aplican a aquellos usuarios que estén inscriptos en https://Argentina.gov.ar/subsidios, donde el Gobierno Nacional define si el usuario recibe el beneficio o no, y en función de eso se aplican dependiendo la zona en la que se encuentre. 

Según detallaron desde la cartera de Desarrollo Productivo, la nueva resolución de la Secretaría de Energía establece que los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado pasan a estar dentro de la zona “muy cálida”, con un tope de hasta 500 kWh mensuales bonificables entre noviembre y abril. 

Por otro lado, los departamentos Castellanos, Garay, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier y San Justo son catalogados como “cálidos”, con un bloque de 300 kWh durante noviembre, marzo y abril y de 370 kWh entre diciembre y febrero. En tanto, los nueve departamentos restantes permanecen sin cambios y quedan dentro de la categoría “templado cálido”.

Investigan un posible atentado contra Pullaro

 




Una posible amenaza contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quedó bajo investigación judicial luego de que las autoridades recibieran información sobre un presunto plan vinculado con un punto de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Ceres. 

El caso fue abordado este lunes durante una conferencia de prensa de la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, y el director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli. 

Ambos brindaron detalles de las primeras medidas y aclararon que, por el momento, no se pudo confirmar la existencia de un plan concreto para atentar contra el mandatario. 

Según explicó Coudannes, la información inicial surgió a partir de una comunicación al sistema de emergencias 911 de Ceres. 

El aviso hacía referencia a un lugar donde presuntamente se comercializaban drogas y donde también habría surgido información sobre posibles amenazas contra Pullaro. 

 A partir de esos datos, el fiscal regional y otro integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pusieron en marcha una investigación. 

Como resultado de las primeras medidas, se realizó un allanamiento en una vivienda, donde fue detenida una persona por una causa vinculada con la comercialización de estupefacientes. 

Además, se secuestraron drogas, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la pesquisa. Sin embargo, la vocera del Gobierno provincial hizo una salvedad respecto de la hipótesis que involucra al gobernador. 

“Nosotros no podemos ratificar ese plan organizado o esa amenaza”, sostuvo, al confirmar que la investigación continúa abierta.

Plantium despide a más de 100 trabajadores en Villa Constitución

 



La crisis de la industria de maquinaria agrícola sumó un nuevo capítulo con el despido de más de un centenar de trabajadores de Plantium, la empresa dedicada al desarrollo de tecnología para agricultura de precisión con sede en Villa Constitución, Santa Fe. 

La compañía cesanteó a 84 empleados de su planta industrial y a más de 30 trabajadores distribuidos en otras ciudades, entre ellas Rosario.

La mayoría de los operarios se enteró de la decisión cuando llegó a trabajar y encontró las instalaciones cerradas con candado, ya que los telegramas de despido habían sido enviados durante la noche del jueves. 

El presidente de Plantium, Jorge Gentili, negó que la empresa cierre sus operaciones, pero admitió que debió recurrir a un “fuerte achique” que implicó el cesanteo de aproximadamente 100 personas: unas 80 de la planta de Villa Constitución y otras 20 de un centro de desarrollo en Rosario. 

El empresario, de 80 años y ingeniero agrónomo, explicó que la situación se volvió insostenible por la caída de la demanda, las dificultades de financiamiento y un sector agropecuario que no alcanzó los niveles de rentabilidad e inversión esperados. 

Desde la vereda de los trabajadores, la lectura apunta a la competencia de los productos importados y a la crítica situación del campo. Fulvio Monti, trabajador de Plantium e integrante del Sindicato de Empleados de Comercio de Villa Constitución, señaló que la empresa atravesaba dificultades desde hacía aproximadamente dos años, pero que la situación se profundizó a partir de julio.

“El campo la está pasando mal, la maquinaria está pasando mal, con un dólar que no sirve. La cosecha levanta lo mismo, pero hay un 30% de inflación en dólares. A eso se suma la apertura indiscriminada de los productos chinos”, describió Monti, y precisó que algunos sistemas de piloto automático para maquinaria agrícola ingresaban al país con precios hasta cinco veces inferiores a los fabricados por Plantium. 

Antes de que se concretaran los despidos, los trabajadores y el sindicato participaron de negociaciones para intentar preservar la actividad. 

Entre las alternativas analizadas figuraba reducir la estructura de aproximadamente 200 empleados a unos 70, y los propios empleados habían ofrecido resignar la mitad de sus indemnizaciones para mantener sus puestos. 

El dolor es que había empleados de tantos años que entendían la situación”, relató Monti, en un intento por graficar la angustia de una plantilla que en su mayoría se enteró de la cesantía de un día para el otro, sin comunicación formal previa y con la fábrica ya cerrada. 

El caso de Plantium expone la fragilidad de un entramado productivo que no encuentra respuestas ni del sector privado ni del Estado. 

Mientras la empresa sostiene que se trata de un achique para intentar sobrevivir y no de un cierre definitivo, los 100 trabajadores despedidos quedan en una situación de incertidumbre total, a la espera de cobrar sus indemnizaciones y de reinsertarse en un mercado laboral asolado por la crisis de la maquinaria agrícola en particular y el empleo en la provincia en general.

La provincia recurrirá a fuentes de financiamiento para cubrir el Presupuesto 2027

 




El gobierno de Maximiliano Pullaro presentó ayer el proyecto de Presupuesto 2027 para Santa Fe, con recursos estimados en $18,88 billones y gastos por $18,87 billones. La iniciativa proyecta un resultado financiero positivo de apenas $919 millones y vuelve a colocar el equilibrio fiscal como uno de los ejes centrales de la política económica provincial. 

El cálculo contempla un ahorro corriente de $2,27 billones, que permitiría financiar con recursos propios el 93% de los gastos de capital, estimados en $2,45 billones. El resto de las inversiones deberá cubrirse con otras fuentes de financiamiento. 

Entre las principales partidas previstas aparecen $3,98 billones para educación, cultura y deporte; $2,34 billones para seguridad; $1,80 billones para salud; $2,13 billones para obras públicas y $1,92 billones para infraestructura productiva. 

El ministro de Economía, Pablo Olivares, defendió el esquema de administración basado en la austeridad y la eficiencia del gasto. Según sostuvo, el objetivo es reducir los costos de funcionamiento para ampliar los recursos disponibles para inversión.

El presupuesto fue elaborado sobre la base de proyecciones macroeconómicas que estiman un crecimiento de la actividad económica del 4% durante 2027, una inflación promedio anual del 21,1% y una variación interanual de precios del 18% para diciembre de ese año. También contempla un tipo de cambio de $1.847,60 por dólar para el cierre de 2027. 

Se trata de los supuestos económicos utilizados por el Ejecutivo para calcular los ingresos y gastos del próximo ejercicio, en un escenario que estará condicionado por la evolución de la economía nacional.

Pullaro inauguró el Polo de la Niñez en Rosario

 


El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este viernes el Polo de la Niñez en Rosario, un espacio destinado a promover y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. El edificio reúne a 190 profesionales y cuenta con guardias presenciales las 24 horas, durante todo el año, para ofrecer atención continua y facilitar la articulación con los organismos que intervienen en cada caso. 

Durante el acto, Pullaro destacó la “motivación y el amor de los trabajadores”, y recordó el estado en que encontró la Secretaría de Niñez al asumir el Gobierno, así como “el dolor de tantos niños, niñas y adolescentes, pero también de los trabajadores, por la vulneración de derechos”.

“Sentimos que teníamos que hacer algo y fue madurando esta idea, por el amor que le pone cada uno de los equipos, para que quienes tienen sus derechos vulnerados puedan vivir una niñez diferente”, afirmó. También convocó a los presentes a seguir “trabajando de la misma manera para que los chicos de la provincia tengan un espacio y sean muy felices”.

La diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia recordó que el proyecto comenzó hace tres años, ante la necesidad de dejar atrás “un edificio que dolía mucho, que no les daba dignidad a los chicos ni a los trabajadores”. 

Y agregó: “Empezamos este camino, que hoy se concreta porque hubo una decisión de mirar al futuro”. “Lo que estamos haciendo hoy son los próximos 15 o 20 años de un chico”, sostuvo Scaglia. 

También remarcó que “cuando el Estado les da respuestas a los chicos, el futuro es mejor”. La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, dijo estar emocionada por la apertura del lugar, que definió como “un sueño”. “Estamos abriendo un espacio que abre el corazón, los brazos y las orejas para cada uno de esos niños, niñas y adolescentes que necesiten que el Estado los escuche y acompañe. Si el Estado no está garantizando los derechos, ¿quién lo va a hacer?”, expresó. 

Tejeda agradeció a las organizaciones e instituciones que colaboran en esa tarea y destacó el respaldo del gobernador: “Gracias, Maximiliano Pullaro, porque cuando planteamos que la niñez era una prioridad no era solo en el discurso, sino también en los hechos. Quiero invitarlos a que sigamos trabajando juntos para tener infancias felices”.

La secretaria de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, señaló que el Polo representa un avance tanto en infraestructura como en la organización del trabajo.

“Este es el único lugar de Argentina y Latinoamérica que estableció la ruta de los derechos. Acá vamos a recibir a todos los niños y niñas que tienen sus derechos vulnerados, porque son sujetos plenos de derechos”, afirmó. 

León explicó que el espacio también permitirá promover derechos y capacitar a los adultos. “El problema de los niños siempre somos los adultos”, sostuvo.

Además, dijo que Pullaro está cumpliendo con su deseo de dejar un espacio para las infancias al finalizar su gestión. “Hoy estamos haciendo historia”, concluyó.

El edificio, de 2.600 metros cuadrados, está ubicado en la esquina de Sarmiento y Santa Fe y brindará atención a Rosario y a la región sur de la provincia. Fue diseñado a partir del concepto de la “ruta de los derechos”: cada espacio representa un derecho fundamental contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Cuenta con ocho salas de escucha acondicionadas para la atención y el acompañamiento de chicas y chicos, espacios lúdicos para el cuidado y la contención y un auditorio para actividades formativas y de promoción. Allí, niñas y niños podrán conocer sus derechos y participar en propuestas vinculadas con su ejercicio.

Por disidencias internas, el oficialismo postergó una semana el tratamiento de la reforma de Seguridad

 




El oficialismo provincial no logró cerrar un acuerdo interno para avanzar con la reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y postergó por una semana su tratamiento en la Cámara de Diputados de Santa Fe. 

Las diferencias dentro de Unidos, especialmente con sectores del socialismo, impidieron consensuar un dictamen para darle media sanción al proyecto denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública. 

La sesión comenzó cerca de las 16, después de una mañana marcada por las negociaciones, pero rápidamente pasó a un cuarto intermedio. Ante la falta de consenso, el oficialismo resolvió solicitar una nueva preferencia para tratar la iniciativa dentro de siete días. 

En cambio, los legisladores aprobaron la ley de intervención de mercados ilícitos de celulares, otra de las propuestas vinculadas con la política de seguridad provincial. El diputado radical José Corral defendió esa iniciativa y sostuvo que se trata de “herramientas necesarias para seguir avanzando en el combate del delito”. 

El proyecto pendiente fue enviado por el Poder Ejecutivo en mayo y propone modificaciones en distintas normas relacionadas con la investigación penal, las facultades de la Policía y los fiscales, y el régimen penitenciario. 

Uno de los puntos más controvertidos es la ampliación de los supuestos que permiten realizar allanamientos sin autorización judicial previa, especialmente en procedimientos vinculados con armas y la localización de teléfonos robados. 

Las diferencias dentro de Unidos se concentran en el alcance de esas nuevas atribuciones y los mecanismos de control sobre la actuación policial. 

También genera discusión el endurecimiento de las condiciones de detención para presos considerados de alta peligrosidad, con la posibilidad de establecer períodos de aislamiento sin visitas. 

 Durante el debate se incorporaron observaciones de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, los colegios de abogados de Santa Fe y Rosario, especialistas en derecho penal y organizaciones civiles. 

Los cuestionamientos apuntan, principalmente, a los límites de las facultades policiales y fiscales y a las garantías constitucionales que deben resguardarse durante las investigaciones penales.

Pullaro defendió las leyes de seguridad enviadas a la Legislatura

 


El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió este miércoles el paquete de leyes de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura y sostuvo que la Provincia necesita nuevas herramientas para seguir bajando la violencia. Lo hizo durante el ascenso de 300 agentes penitenciarios, en la ciudad de Santa Fe.

“Nosotros necesitamos más herramientas”, afirmó al referirse a las iniciativas. Y anticipó que el Ejecutivo enviará nuevos proyectos: “Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos”. 

Ante los cuestionamientos por una posible inconstitucionalidad, aseguró: “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”. Pullaro respaldó su planteo con cifras de homicidios que atribuyó a la gestión: “Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”. 

Sin embargo, advirtió que esa reducción no supone el fin de las organizaciones criminales. “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe”, dijo, y agregó que están “contenidas” por el Estado. 

El gobernador también defendió la construcción de nuevas unidades, en particular la de alto perfil. Recordó además que antes de asumir, algunos presos podían impartir órdenes desde las cárceles para cometer homicidios, extorsiones y robos. 

Y en ese sentido, destacó la labor de “esos hombres y mujeres que conforman nuestro personal penitenciario y policial, que le trajeron paz y orden a la provincia”, afirmó.

Ante pronunciada baja del consumo, frigorífico santafesino despidió a 80 trabajadores

 


El frigorífico Friar, con sede en la ciudad de Reconquista, informó la suspensión de un turno completo de faena y la desvinculación de 80 trabajadores, según consignó el medio local Reconquista Hoy. La decisión representa un nuevo golpe para la principal fuente de empleo privado de la ciudad, que emplea a cerca de 1.000 personas en su planta principal y a otras 350 en su establecimiento de Nelson. 

La medida se produce en el marco de una crisis que la empresa arrastra desde hace más de dos años y medio y que se agravó en los últimos meses con despidos en el área administrativa y retiros voluntarios. Desde septiembre, la firma había comenzado a ofrecer acuerdos para retiros voluntarios y a concretar alrededor de 30 despidos en el sector administrativo, según confirmó el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Carne, Leonardo Escobar. 

A esto se sumó, a partir del 1 de octubre, un esquema de suspensiones con garantía horaria acordado con el gremio para evitar despidos masivos, que se extendería hasta el 30 de noviembre y que ya alcanzaba a decenas de operarios. La nueva suspensión de un turno de faena y los 80 despidos profundizan un escenario que el propio sindicato calificó como «complicado». 

El impacto sobre los ingresos de los trabajadores que aún conservan sus puestos es igualmente severo. La empresa mantiene desde hace dos años y medio un esquema de garantía horaria que redujo significativamente las horas de trabajo y, con ello, los salarios. 

A la pérdida de horas se sumó la eliminación de los premios por producción y por exportación, lo que provocó que los sueldos cayeran casi a la mitad de lo que correspondía en una situación normal. Según fuentes sindicales, el aumento salarial conseguido en la última paritaria apenas alcanzaba para comprar un kilogramo de carne mensual, evidenciando la licuación del poder adquisitivo de los operarios. 

El trasfondo de la crisis es la profunda caída de la actividad y del consumo interno de carne. La planta de Reconquista tiene una capacidad instalada para faenar 850 animales por día, pero actualmente opera con un promedio de apenas 500, una brecha de más del 40% que congela cualquier posibilidad de discutir mejoras salariales reales. 

El dirigente sindical Leonardo Escobar enmarcó la situación de Friar dentro de un fenómeno generalizado en el sector frigorífico, con cierres de plantas dedicadas al consumo interno y reducciones de personal en varias empresas, producto de la «gran baja del consumo interno». 

Frente a este panorama, el sindicato mantiene un diálogo permanente con la empresa para intentar evitar nuevos despidos, aunque reconoce que la industria «está mal» y que las perspectivas no son alentadoras.

La provincia sorteó a 10.000 ciudadanos para integrar el padrón de juicios por jurados



El Gobierno provincial sorteó este jueves a 10.000 santafesinos que integrarán la nómina de ciudadanos habilitados para ser convocados a participar en juicios por jurados. El padrón reemplazará al vigente, el primero desde la implementación de este sistema, y regirá durante 2027 y 2028 en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia. 

El acto se realizó en la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe, en la ciudad capital. Las personas seleccionadas surgieron de un padrón depurado y podrán ser convocadas de manera aleatoria para participar en un juicio, una función que constituye una carga pública. 

“La ley dispone la vigencia por dos años de esta nómina que se sorteó”, explicó el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. Y aclaró: “Este no es el padrón definitivo de jurados, sino la nómina de la que salen sorteados en cada caso”. 

Según detalló, primero se convoca a 36 personas; luego se realiza una selección para determinar quiénes serán los 12 titulares y los dos suplentes. El nuevo padrón representa a toda la provincia y contempla las circunscripciones judiciales de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. 

“Se respetan cuestiones de paridad y la proporcionalidad de la cantidad de electores por cada circunscripción”, señaló Mascheroni. Pueden integrar la nómina las personas de entre 18 y 75 años, salvo quienes estén alcanzados por incompatibilidades previstas en la ley. 

Entre las exclusiones se encuentran funcionarios de los tres poderes del Estado, abogados, escribanos, procuradores, personas vinculadas con las ciencias jurídicas o sociales, profesores de criminalística, integrantes de las fuerzas de seguridad, personas con antecedentes o condenas y deudores alimentarios morosos. 

También pueden quedar eximidas las personas mayores de 70 años que acrediten una incompatibilidad para el caso concreto, las mujeres en período de lactancia y quienes tengan un vínculo con alguna de las partes. Quienes hayan integrado un jurado no podrán volver a ejercer esa función durante un año. 

El secretario electoral de la provincia, Pablo Ayala, explicó que, mediante un convenio con la Cámara Nacional Electoral, se cuenta con el padrón más reciente. 

“Se divide por circunscripciones judiciales, se clasifica por género y después se hacen las depuraciones de acuerdo con lo que indica la ley”, indicó. También señaló que se consulta a los organismos públicos para completar la base de datos y precisó que “el universo del padrón ronda los 2,4 millones de personas”.

Destacan la sensible baja del déficit previsional de la provincia

 


El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, destacó los resultados iniciales de la reforma previsional impulsada en la provincia. El funcionario remarcó que, de no haberse encarado este debate legislativo, la jurisdicción hubiese tenido que transferir su sistema a la ANSES, tal como lo hicieron 11 provincias en la década de 1990.

"De un déficit del 29% se disminuyó a un 12%, es decir, a la mitad; aun así el sistema tiene un déficit, pero estamos en una lucha legal y política para que la Nación pague lo que debe", aseveró el titular de la cartera previsional. 

Al proyectar el impacto económico de la norma de cara al mediano plazo, Boasso expuso cifras para argumentar la necesidad de los cambios introducidos. 

Según detalló, sin la aprobación de la ley, el rojo financiero del sistema hubiese alcanzado un billón de pesos en 2026, mientras que con el nuevo esquema se reducirá a unos 420.000 millones de pesos. 

"El mérito de Pullaro es que encaró lo que debía encarar en los primeros meses de gobierno, si lo contrario no podía haber hecho ni siquiera un kilómetro de ruta", afirmó el secretario al ponderar la decisión del Ejecutivo provincial. 

En lo relativo a las acreencias con el Estado nacional, el funcionario precisó el estado de las negociaciones y los acuerdos vigentes.

Si bien reconoció que la ANSES otorgó un anticipo de 120.000 millones de pesos a saldarse en 12 cuotas mensuales de 10.000 millones, denunció que el organismo central no activó las auditorías técnicas contempladas en el convenio. 

"Hay un punto que está incumplido: hacer las auditorías y simulaciones para determinar la deuda histórica desde 2020 en adelante; yo se lo reclamé personalmente al director de la ANSES", indicó Boasso sobre sus gestiones ante las autoridades nacionales. 

En el plano conceptual, Boasso realizó una firme defensa del carácter solidario de la previsión social frente a los planteos judiciales iniciados contra la norma. En ese sentido, cuestionó los fallos de la justicia ordinaria que hicieron lugar a amparos al considerar que analizan la jubilación como si fuera un contrato privado.

"No es un seguro privado, es seguridad social: los que aportan hoy financian el sistema de los pasivos", fundamentó el directivo, al tiempo que respaldó el tope jubilatorio provincial fijado en 13,5 millones de pesos frente al techo de 3 millones del régimen nacional.
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