El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, justificó la aplicación de la Ley Antiterrorista en el caso de la imprenta Donnelley al advertir que "un grupo de empresas que integran los fondos buitre intenta aterrorizar a la población, intentando jaquear al gobierno nacional".
Y advirtió que la UIF "puede congelar los fondos" de esas sociedades.
En diálogo con Radio del Plata, el funcionario recordó que el Gobierno aplicó la Ley Antiterrorista a "los bienes de los prófugos del Estado", que fueron "congelados", indicó.
Explicó que las penas establecidas en la Ley Antiterrorista "duplican a las penas comunes", tras lo cual aclaró que la aplicación de esa normativa "puede empezar con una denuncia penal por parte del Gobierno".
En ese sentido, Sbatella señaló que "hay dos delitos precedentes a esta cuestión que justifican la aplicación de la Ley: la extorsión es uno".
El titular de la UIF formuló estas declaraciones luego de que la presidenta Cristina Fernández anunciara la aplicación de la Ley Antiterrorista en el caso de Donnelley, a la que el Estado denunció penalmente por pedir "una quiebra que no es tal" para "generar un clima de temor por el cierre de fábricas".
