Así lo expresó la concejala de Iniciativa Popular (IP), María Fernanda Gigliani, quien recordó que el año anterior se aprobó un proyecto de su autoría para que se pida una ley en tal sentido.No existe una normativa en el ámbito nacional que regule el uso de vehículos aéreos no tripulados (Vant) comúnmente conocidos como drones.
Y marcó que en julio del 2014 se había aprobado un decreto por el que se solicitaba al Departamento Ejecutivo que se dirija al Congreso de la Nación para que se trabaje en la formulación de una ley que regule la tenencia y el uso de tales dispositivos.
De igual modo señaló la edila que: “Más allá que es un despropósito que la provincia haya anunciado que usará drones para combatir el delito, cuando no hay una ley que los regule, es sumamente necesario poder controlarlos, tanto cuando se utilizan en el ámbito público como en el privado” y acotó que “los Vant pueden transportar desde armas hasta cámaras de video y hoy cualquiera puede comprarlos por internet a bajo precio, por lo que su uso es cada vez más frecuente”.
Más adelante menciona que el decreto que que se aprobara en julio pasado consigna que “al tener la capacidad de recopilar datos sin permiso y en tiempo real, los drones cuentan también con la potencialidad de violar la privacidad de las personas y así sus derechos a la intimidad, entre otros fundamentales, reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales”.
De igual modo recuerda que la iniciativa votada el año pasdo surgió a partir de la denuncia de una vecina que estaba siendo filmada desde un dron, mientras se encontraba en el interior de su vivienda ubicada en el piso alto de un edificio.
Respecto al anuncio formulado por el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, sobre la utilización de drones para monitorear las calles, indicó Gigliani que: “Es una falta de respeto a la ciudadanía que desde el gobierno provincial anuncien que utilizarán drones para combatir el delito cuando aún no hay una ley que los regule.
También es un despropósito que no le hayan notificado formalmente su intención a la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) que , en definitiva, es el organismo encargado de presentar el pedido de uso de estos vehículos a la Fuerza Aérea Argentina que hoy por hoy es la única competente para autorizar el tránsito aéreo”.
