El encargado de concretar los depidos será Eduardo Casal, quien liderará el período de transición que habrá entre la salida de Gils Carbó y la asunción del nuevo procurador que proponga el Gobierno. El argumento detrás de el desmantelamiento del organismo, es que se trata de personas que ingresaron con un "objetivo político".
El proyecto detalla: "Déjense sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.861, de Ingreso democrático e Igualitario a la Justicia". Es decir, desde de su promulgación, realizada por Cristina Kirchner el 3 de junio de 2013, unos diez meses después de la asunción de Gils Carbó.
La iniciativa de Cambiemos cuenta con el apoyo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación que lidera Julio Piumato. Desde el gremio sostienen que avalarán despidos por tratarse de "paracaidistas que entraron por el techo, sin antecedentes ni capacidad" y aseguran que fueron contratados por su militancia partidaria.
