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El magistrado investiga el plan desarrollado entre los años 2013 y 2015 por el que también están quienes se desempeñaron como jefes de Gabinete de la Nación en esa época, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Milton Capitanich y Aníbal Fernández.
En ese marco, avanzando con la investigación el juez federal también embargó a los jefes comunales y exalcaldes involucrados por tres millones de pesos.
Entre ellos los funcionarios y ex funcionarios santafesinos Roberto Dehesa (Rufino), Monica Stumpo (Serodino), José Freyre intendente (Venado Tuerto), Héctor Godoy y José López (Pavón), Juan Carlos Bacalini (Casilda), Gullermo Cornaglia, (senador provincial por el Departamento Belgrano) y Fernando Almada (El Trébol).
En la provincia de Chaco son varios funcionarios y ex funcionarios municipales alcanzados por el escándalo, entre quienes se encuentran: Claudia Panzardi, Mateo Daniel Capitanich, Gustavo Karasiuk, Ángel Ernesto González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andion, Hugo Sager, Walter Corra, Alicia Leiva, Eladio Aguirre, Elba Lescano, Jorge Batalla, Aldo Leiva, María Susana Simonofsky, Gerado Cipolini, Jorge Rodríguez, Oscar Nievas, José Carbajal, Carlos Palacios, Pedro Bodnarczuk, Lorenzo Heffner, Héctor Vega, Carlos Ibáñez, Pedro Maidana, Antonio José Rodas, Estela Mitore, Diógenes Requena, Rosario Belkys Avalos, Alfredo Zamora.
Completan la lista Raúl Cantín, José Córdoba, Teodoro Camino, José Bodlovic, Horacio Mazu, Rafel Williams, Pablo Salazar, Gustavo Racca, Roberto Dehesa, Monica Stumpo, José Freyre, Héctor Godoy, José López, Juan Carlos Bacalini, Gullermo Cornaglia, Fernando Almada, Cesar Dip, Juan Orellana, Julio Castro, Rodolfo Cappellini, Luis Erro, Juan Carlos Kloss, Rubén Vázquez, José Luis Dume, Luis Stanicia, Alberto Escudero, Juan Manuel Pereyra, Eduardo Galantini, Ernesto Domínguez, Hermes Bordon y Federico Neis.
La resolución señala que "cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ¬respecto de la mayoría¬ de igual manera por la Alzada".
El programa GIRSU fue implementado en el 2013 y la Jefatura de Gabinete de la Nación era la encargada de administrarlo, a través de la Secretaría de Ambiente. Por ello, también están procesados ex encargados de esa área Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi.
