La fiscalía, que tiene delegada la investigación que por sorteo recayó ante el juzgado de Luis Rodríguez, solicitó a la AFI que remita “todos los expedientes y toda la documentación referida a los cuatro hechos denunciados”, según informaron a Télam fuentes con acceso a la investigación.
En la denuncia presentada el miércoles último, la interventora de la AFI había solicitado que se investigue la responsabilidad de los exresponsables del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en presuntas irregularidades vinculadas a compras y contrataciones, que habrían implicado un perjuicio económico para el Estado de 3.088.944 pesos y 657.751 dólares, según se informó.
Los cuatro hechos denunciados se ejecutaron en el marco de la vigencia del Decreto 656 dictado en mayo de 2016, que estableció el carácter secreto del presupuesto de las erogaciones efectuadas por la AFI, y fueron detectados por el control realizado por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Federal de Inteligencia, que analiza las compras y contrataciones del organismo.
En el primer caso, se detectó que, a través del mecanismo de contratación directa, la AFI adquirió equipamiento tendiente a dotar de elementos técnicos a un laboratorio de informática forense de la agencia cuyo uso no puso ser acreditado.
En la denuncia se detalló que por esos elementos la AFI pagó un total de 2.260.000 pesos y 64.505 dólares, y que el peritaje para la cual habrían sido adquiridos, “si es que realmente existió, lo podría haber efectuado cualquiera de las fuerzas de seguridad, en su función de auxiliar de la justicia, tal como ocurre en la práctica”.
Otro de los hechos bajo análisis fue la organización del Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos que se llevó a cabo Bariloche, Río Negro, del 27 al 29 de septiembre de 2017. Para ese evento se contrataron desde arreglos florales, pasajes aéreos y terrestres a una agencia privada, accesorios de librería y regalos protocolares “eligiéndose ilegítimamente en la mayoría de los casos en forma directa a los proveedores por cada rubro, sin justificación alguna, y en ciertas ocasiones pagando dos veces el mismo servicio”, según detalla la información aportada a la Justicia.
La denuncia releva una erogación “directa y desproporcionada” de 157.563,93 dólares para la contratación de habitaciones, en su mayoría de “categoría superior”, en el Hotel Llao Llao.
También, pide que se investigue la contratación directa con una firma mexicana para la realización de un programa de entrenamiento en poligrafía para doce profesionales que demandó de 50.000 dólares. La particularidad de este hecho es que la solicitud de compra que da inicio a toda la contratación fue emitida 18 días después de la orden de compra, es decir, primero se efectuó la adquisición y luego se confeccionó el acto administrativo.
El cuarto hecho denunciado fue la adquisición en 2016 de equipamiento aparentemente obsoleto para la red de comunicaciones de la AFI para el cual se emitieron dos órdenes de compra por 42.291 dólares y 343.392 dólares, respectivamente.
La denuncia encuadró los hechos bajo análisis en los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles, en concurso ideal con el presunto delito de violación de los deberes de funcionario público. En la causa, se requirió que se cite a indagatoria al exdirector General de la AFI Arribas; a la exsubdirectora General Majdalani, y al expresidente Mauricio Macri, en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional.
