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Por lavado de dinero inhiben bienes de la madre y la hermana de Alberto Nisman

 



El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de la madre y la hermana de Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, del técnico Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón, en un causa donde se investigan posibles maniobras de lavado de dinero. 

Fue el hallazgo de una cuenta no declarada de Nisman en el banco Merrill Lynch de Nueva York, con operaciones sospechosas por al menos 666.690 dólares lo que determinó la decisión de Ercolini, según lo publicado por Página 12. En la investigación patrimonial se detectaron otros bienes dudosos, como inmuebles en Uruguay, un fideicomiso para la construcción de departamentos en Palermo y un auto de alta gama.

Existe un peritaje en marcha pero el caso tampoco puede avanzar demasiado por decisiones pendientes la Corte Suprema. Cuando abrió la cuenta en Estados Unidos, Nisman mintió para disimular que él era el verdadero dueño del dinero, como informó Página/12. 

Por eso en el formulario inscribió como titulares a Garfunkel, a su hermana Sandra y a Lagomarsino. A él mismo se anotó como apoderado y puso que era abogado en actividad, con lo cual ocultó su trabajo real, que era la de una "persona políticamente expuesta". 

La Fincen, que es el organismo antilavado estadounidense, bloqueó la cuenta por esas anomalías. El primer juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal Juan Pedro Zoni, llegaron a citar a indagatoria a todos, pero la Cámara Federal desplazó al magistrado por supuesto temor de parcialidad ante el pedido del abogado de Garfunkel, Pablo Lanusse. Había dicho públicamente que estaba convencido del lavado de activos. 

Zoni fue desplazado de Comodoro Py tiempo después por el procurador interino Eduardo Casal cuando quiso investigar por el Correo a Mauricio Macri, cuyo abogado también es Lanusse. El caso pasó al juzgado de Claudio Bonadio, y después de su muerte tuvo dos jueces más. 

Hubo mucha resistencia a avanzar con un caso que venía a exponer la posible corrupción de un fiscal federal. Marcelo Martínez de Giorgi ordenó en enero último la primera batería de pruebas relevantes en mucho tiempo, después de un reto de la Cámara. 

También embargó bienes bajo sospecha, ya que podrían ser decomisados en un futuro por el tenor de la investigación, pero el tribunal de alzada revocó esa decisión porque dijo que era "desmesurada" y no había sido justificada. 

Ercolini, quien interviene ahora como subrogante, dobló la apuesta: dictó la inhibición general de bienes y, en su resolución, detalló las sospechas sobre algunos de ellos en particular.


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