La Justicia Nacional en lo Civil, Comercial y Federal de San Martín resolvió suspender este martes la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa). Además, otorgó una medida cautelar válida por seis meses para garantizar el normal desarrollo de las clases.
La jueza Martina Isabel Forns determinó que se deben enviar fondos a la UNMa, reconocer su Consejo Superior y demás órganos universitarios, y cesar cualquier tipo de hostilidad policial hacia la institución. La medida cautelar había sido solicitada por las Madres de Plaza de Mayo, junto con un grupo de trabajadores y estudiantes.
En un comunicado oficial, se destacó que esta resolución judicial implica el “pleno reconocimiento a la autonomía universitaria alcanzada por nuestra Universidad”.
Según el texto, dicha autonomía fue reafirmada en marzo, cuando la comunidad universitaria resolvió que Cristina Caamaño asumiera como rectora, en contraposición al interventor designado meses después por el gobierno de Javier Milei.
Asimismo, el documento exige el cumplimiento inmediato de la cautelar y el fin de lo que califican como “intromisión del gobierno nacional”.
“Plena autonomía como garantiza la Ley de Educación Superior, respeto a la institucionalidad construida, y debido financiamiento, son banderas irrenunciables que las Madres levantaremos más alto que nunca el próximo 6 de abril, cuando nuestro proyecto educativo cumpla sus primeros 25 años de lucha. ¡Ni un paso atrás!”, concluye el comunicado.
La noticia fue recibida con entusiasmo y alivio por la comunidad educativa de la UNMa, que ha enfrentado numerosos obstáculos desde la asunción del actual gobierno.
Entre las acciones más controvertidas se destacan el recorte presupuestario, la intervención de la universidad en julio por parte del Ministerio de Capital Humano, que designó como interventor a Eduardo Maurizzio, y el bloqueo policial de la sede ocurrido el pasado 2 de septiembre.
Además, el 1 de noviembre, la universidad sufrió un ataque que involucró el ingreso de personas no identificadas que se llevaron documentación digital y en papel, además de causar daños materiales, como la rotura de muebles y computadoras.
A estos hechos se suma la denuncia posterior sobre el ingreso de docentes enviados por el diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, en un acto considerado por la comunidad como una nueva intromisión en la autonomía de la institución.
Con esta resolución, la UNMa busca recuperar la estabilidad institucional y educativa, mientras se aproxima a la conmemoración de sus 25 años de historia y lucha.
