La maniobra, que incluyó fusionar ilegalmente el expediente que investiga la “pista Milman” con uno vinculado a la Policía Federal, fue denunciada como “forum shopping” y “distorsión del objeto procesal”.
Detrás de la jugada, se esconde el intento de desviar la atención del posible autor intelectual del intento de magnicidio hacia agentes de seguridad que ya fueron investigados sin hallarse vínculos con el hecho.
Desde que comenzó la investigación por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner el 1° de septiembre de 2022, la jueza María Eugenia Capuchetti acumuló sospechas, errores y maniobras dilatorias que pusieron en duda su imparcialidad. La querella de la expresidenta denunció su proceder en múltiples oportunidades.
Ahora, el fiscal Carlos Rívolo la señala directamente: asegura que la jueza ejecutó una jugada para encubrir al diputado Gerardo Milman, fusionando de manera “arbitraria e irregular” dos expedientes sin conexión: el que investigaba al legislador, y otro que se refería a supuestas fallas de la Policía Federal.
La operación judicial, según Rívolo, no sólo desdibuja el rumbo original de la causa –que apuntaba a esclarecer si Milman tuvo algún rol como autor intelectual del ataque– sino que también le permite a Capuchetti recuperar el control de una investigación que ella misma había delegado por estar recusada. La jugada quedó expuesta la semana pasada y fue revelada por Página/12.
La «pista Milman» surgió cuando un testigo lo escuchó decir, dos días antes del atentado, en el bar Casablanca: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”.
Estaba acompañado por dos asesoras, quienes luego mintieron en sus declaraciones y borraron el contenido de sus celulares en una oficina de Patricia Bullrich antes de que se ordenara su secuestro. A pesar de esto, Capuchetti se negó en su momento a allanar, retener teléfonos o profundizar la línea de investigación.
Rívolo denuncia ahora que la magistrada intenta sepultar esta pista al fusionarla con un expediente sobre una sanción menor a agentes de la PFA, relacionados a un procedimiento fallido tras el ataque.
La decisión, señala el fiscal, es ilegítima: no hay comunidad de pruebas, ni relación entre los hechos, ni justificación procesal alguna.
El fiscal planteó que si Capuchetti quisiera investigar posibles irregularidades de la Policía Federal –como la tardía detención de Brenda Uliarte o la demora en intervenir su teléfono– debería extraer testimonios y remitir el caso a otro juez, en nombre del principio de imparcialidad.
No hacerlo así, dice, es sostener una “maniobra de forum shopping” que la beneficia a ella misma, en un caso en el que ya fue cuestionada y recusada.
Los jueces de la Cámara Federal, sin embargo, respaldaron a Capuchetti con una argumentación formal: dijeron que los jueces pueden delegar o reasumir investigaciones a discreción.
El fallo, firmado por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia –todos ellos cercanos al macrismo– representa un nuevo golpe al intento de esclarecer las responsabilidades detrás del atentado a CFK.
En una entrevista reciente, Gerardo Milman se mostró confiado: celebró que Capuchetti volviera a asumir la investigación y deslizó que «pronto se sabrá quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel».
Insinuó incluso la posibilidad de un autoatentado, una teoría promovida en redes por operadores afines al PRO y ciertos sectores del Poder Judicial.
El fiscal Rívolo descarta esta hipótesis. En su escrito recordó que ya se investigaron todos los vínculos posibles entre los atacantes y las fuerzas de seguridad, y que no se hallaron nexos.
Las pruebas que Capuchetti ahora quiere reflotar ya fueron evaluadas y descartadas.
Desde que CFK fue atacada, la causa estuvo marcada por irregularidades: desde la falta de custodia efectiva hasta la destrucción de pruebas clave, como el teléfono del tirador Fernando Sabag Montiel, que fue manipulado sin cadena de custodia.
Los testimonios en el juicio oral dejaron muy mal parada a Capuchetti y expusieron negligencias graves. La actual estrategia de la jueza parece ser una huida hacia adelante: correr el eje del debate, desplazar al fiscal incómodo y proteger a los propios.
El atentado contra la dos veces presidenta de la Nación es un hecho gravísimo que, más de dos años después, sigue sin esclarecerse. Lo que parecía una línea firme hacia los posibles instigadores políticos –con Milman en el centro– se desdibuja entre chicanas judiciales, protección mediática y maniobras de encubrimiento.
Capuchetti, lejos de impulsar la verdad, parece decidida a torcer el rumbo para proteger a un sector del poder.
Mientras tanto, la sociedad asiste atónita a un nuevo capítulo del pacto de impunidad que envuelve a buena parte del sistema judicial argentino.
