La iniciativa fue impulsada por el diputado Esteban Paulón y acompañada por la diputada Mónica Fein, quienes solicitan aclaraciones sobre los vínculos formales o informales entre Ballard y distintas áreas del gobierno.
El proyecto apunta a esclarecer los alcances de la relación entre el presidente y Ballard, y a determinar si existe algún tipo de convenio formal con el activista o con organizaciones vinculadas a él, como Aerial Recovery u otras ONG, que implique la participación del Estado nacional o el uso de fondos públicos.
En los fundamentos, los legisladores remarcan que Ballard, exagente de la CIA y conocido por su postura cercana a la extrema derecha internacional, ha quedado desvinculado de la ONG que fundó, Operation Underground Railroad (OUR), y de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.
Esta pérdida de respaldo institucional habría derivado en la búsqueda de nuevos apoyos, entre ellos la Fundación Aerial Recovery y sectores del gobierno argentino.
Paulón y Fein advierten que la figura de Ballard comenzó a circular con mayor fuerza en la Argentina tras las denuncias mediáticas sin pruebas concretas que la conductora Viviana Canosa presentó en la justicia, en las que asegura conocer redes de trata que involucran a personajes públicos.
Para los diputados, la relación entre Ballard, Canosa y el entorno presidencial responde a una estrategia política que atenta contra derechos adquiridos por colectivos vulnerables, particularmente el colectivo LGBTIQ+.
“El activista norteamericano aparece cada vez con mayor frecuencia en operativos de seguridad y su accionar se difunde como logros personales en sus redes”, remarcan los legisladores.
