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Astiz y otros 18 represores fueron trasladados a una cárcel VIP en Campo de Mayo

 



Organismos de derechos humanos y referentes sociales repudiaron el traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad a la Unidad 34 de Campo de Mayo, una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con condiciones diferenciales. 

Entre los trasladados se encuentra Alfredo Astiz, condenado por crímenes cometidos en la ESMA y símbolo del accionar represivo durante la última dictadura cívico-militar. 

El movimiento de los represores, confirmado este viernes, se dio en un contexto de creciente preocupación por la posible reversión de políticas de memoria, verdad y justicia. 

El SPF, bajo la órbita del ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, argumentó que la medida responde a una necesidad de descomprimir la sobrepoblación en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. 

Sin embargo, desde organismos como H.I.J.O.S Capital y sobrevivientes de centros clandestinos de detención denunciaron que se trata de un “beneficio encubierto” que otorga privilegios a criminales de lesa humanidad. 

Campo de Mayo no solo ofrece mejores condiciones de detención, sino también acceso a actividades recreativas y talleres, lo que fue calificado por las víctimas como “una provocación y una reivindicación del terrorismo de Estado”.

Nueve de los represores trasladados actuaron en la ESMA, uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la dictadura: Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro. Otros cuatro represores operaron en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO): Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos. 

También fueron trasladados Marcelo Cinto Courtaux —oficial de inteligencia condenado por la represión a la Contraofensiva Montonera y padre de un actual funcionario del Senado vinculado a Victoria Villarruel—, Lucio César Nast, Mario Alfredo Marcote, Julio César Argüello (condenado en el circuito Camps), el uruguayo Manuel Cordero Piacentini (Plan Cóndor) y Raúl Guglielminetti (ex Batallón 601). 

Todos ellos se suman a los 52 represores ya alojados en Campo de Mayo, donde también están el cura Christian von Wernich, Gonzalo “Chispa” Sánchez y Juan Daniel Amelong. Muchos de ellos se autodenominan “Muertos Vivos”, buscando llamar la atención del gobierno de Javier Milei.


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