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Poderes extraordinarios del ministro Sturzenegger finalizan el 8 de julio

 



El plazo de las atribuciones extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo por la ley Bases expirará el próximo martes 8 de julio, lo que deja a Javier Milei sin la posibilidad de dictar decretos amparados en esas delegaciones. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no perderá poder político, pese a que no contará más con los "superpoderes" que le permitían acelerar los cambios. 

De este modo, el Gobierno piensa en la estrategia para avanzar con las reformas y desregulaciones de cara a la segunda mitad de su mandato. Si bien el rol de Sturzenegger se redefinirá tras el vencimiento de las facultades delegadas, la hoja de ruta de las reformas libertarias tendrá otros desafíos, mientras lleva el control de la economía (inflación y dólar), con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina. 

La decisión de Milei de activar el Consejo de Mayo busca contrarrestar el impacto político de la “ola cristinista” y las movilizaciones gremiales, que esta semana reunió a más de 70 sindicatos en una marcha al Ministerio de Desregulación por la eliminación de 48.000 empleos públicos, lo que para el Gobierno es el equivalente a un ahorro anual de u$s1.885 millones.

Para Milei, las prioridades son claras: cumplir las metas del FMI (superávit fiscal del 1,3%), rechazar incrementos salariales para funcionarios y acelerar los puntos del Pacto de Mayo, que incluyen equilibrio fiscal, reducción del gasto público al 25% del PBI, reforma tributaria y modernización laboral. 

El Consejo de Mayo, liderado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, integrará a Sturzenegger por el Ejecutivo, Alfredo Cornejo por las provincias, Carolina Losada y Cristian Ritondo por el Congreso, Gerardo Martínez (UOCRA) por los sindicatos y Martín Rappallini (UIA) por el sector empresarial. 

La primera reunión del Consejo del martes pasado fue el puntapié inicial para comenzar a definir los lineamientos y así transformar los compromisos del Pacto de Mayo en proyectos legislativos, aunque el Gobierno reconoce que las reformas laboral, tributaria y previsional no prosperarán antes de las elecciones de octubre.


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