En un escrito de 33 carillas, los fiscales reclaman que se revoque el arresto domiciliario de "Cristina Elisabet Fernández para que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria".
"No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria", argumentan los fiscales.
La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y tiene prisión domiciliaria, otorgada por el Tribunal Oral Federal 2, en su domicilio de San José 1111 en el barrio de Constitución, con tobillera electrónica y régimen estricto de visitas.
La decisión definitiva debe ser resuelta por la Sala IV de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Luciani y Mola afirman que "jamás existieron motivos reales" para darle la domiciliaria a la ex presidenta de 72 años.
