El nuevo marco legal, firmado por la ministra Patricia Bullrich, complementa la Ley 27.319 e incorpora medidas de protección reforzadas para agentes encubiertos y testigos, equiparando las investigaciones virtuales a las presenciales.
La Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal estarán habilitados para participar en estas operaciones bajo orden judicial.
Según la información, el protocolo responde a la “expansión exponencial de delitos en entornos virtuales”, que incluyen estafas financieras, grooming, tráfico ilegal de armas y distribución de material de abuso sexual infantil.
Expertos en ciberseguridad señalan que esta medida “moderniza el accionar policial” y permite recopilar pruebas digitales con validez judicial.
Además, la resolución instruye a las fuerzas a capacitar a sus agentes en investigación digital, lo que marca un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado.
