Este pedido, aún no concedido por el organismo pero con gran probabilidad de serlo, busca desbloquear -y acelerar- un desembolso de u$s2.000 millones correspondiente a la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) por u$s20.000 millones.
Sin embargo, el receso estival del FMI podría postergar la aprobación y el giro de los fondos hasta septiembre.
La negociación entre el FMI y el equipo económico demora el Staff Level Agreement (SLA), un requisito insalvable para que el Board del Fondo evalúe los resultados de la primera revisión del acuerdo.
El acuerdo con el FMI establecía una meta de acumulación de u$s4.700 millones en reservas para el segundo trimestre de 2025, un objetivo que el Gobierno no logró alcanzar.
Fuentes cercanas a las negociaciones atribuyen este incumplimiento a una combinación de factores: vencimientos de deuda, la estrategia de no emisión (menos pesos para comprar dólares) y restricciones que la Casa Rosada se impuso, como la singular meta de no intervenir dentro de la banda cambiaria hasta que la cotización del dólar tocase la base de la misma en $1.000.
El déficit de cuenta corriente, que alcanzó u$s5.100 millones en la primera mitad del año, cinco veces superior a las proyecciones del FMI, ha agravado la presión sobre las reservas del Banco Central, en un contexto de inflación superior al 100% anual.
A pesar de este revés, en opinión del FMI -según ha expresado esta semana su vocera, Julie Kozack- la política económica del presidente Javier Milei se ha destacado por su sólido desempeño en otras áreas del programa.
El superávit fiscal primario, que superó los $6,9 billones a mayo frente a una meta de $6,07 billones, refleja un ajuste fiscal drástico, sustentado en recortes de subsidios, programas sociales y gasto público.
Además, la reciente colocación de bonos BONTE por u$s4.000 millones ha permitido al Tesoro recomponer reservas sin recurrir al mercado cambiario, un logro que pareciera haber reforzado la posición negociadora de Argentina ante el FMI.
