La Cámara Federal porteña ha anunciado la confirmación del procesamiento de un agente de la Policía Federal, Cristian Rivaldi, por un incidente que ha sacudido a la opinión pública y ha retomado el debate sobre el uso de la fuerza policial en manifestaciones pacíficas.
El hecho, que se produjo el 11 de septiembre del año pasado, ocurrió en cercanías del Congreso de la Nación durante una marcha de apoyo a los jubilados, coincidiendo con la discusión sobre la controvertida ley jubilatoria rechazada por el presidente Javier Milei.
El episodio cobró notoriedad cuando se supo que Rivaldi había utilizado gas lacrimógeno contra un grupo de manifestantes, entre los cuales se encontraba una niña de tan solo diez años, identificada como Fabrizia Pegoraro.
Esta acción motivó a su familia a buscar apoyo legal y exigir justicia, al considerar desmesurada la respuesta policial y completamente innecesaria ante una situación que no ameritaba dicha contundencia.
Desde el comienzo de legal del caso, la atención se ha centrado en esclarecer los motivos que llevaron al efectivo a actuar de tal manera y si realmente se trató de una decisión enmarcada dentro del protocolo o si existió abuso de la autoridad que se le había otorgado.
Rivaldi defendió sus acciones en un extenso escrito de 60 páginas, argumentando que simplemente cumplió con las órdenes directas recibidas desde la sala de operaciones, en la que presuntamente se encontraba la Ministra Patricia Bullrich.
La defensa del agente se respaldó en el cumplimiento del protocolo operativo que, según él, no implicó en ningún momento la identificación de la presencia de menores durante la confrontación.
Rivaldi ha asegurado en su declaración que, de haber percibido la presencia de una menor, habría actuado de manera diferente y evacuado a la niña del lugar. Sin embargo, la gravedad del incidente y la conmoción generada entre la sociedad exigen que se determine hasta qué punto es justificable lastimar a civiles durante el cumplimiento del deber.
Por lo pronto, el fallo del tribunal resalta una clara transgresión de los límites legales establecidos por las fuerzas de seguridad al considerar su accionar como "desproporcionado y contrario a la normativa vigente". Con la decisión del tribunal, se abre una nueva etapa en la cual se evaluará con rigor el proceder del acusado y se continuará buscando la verdad que haga justicia a las víctimas del atropello.
