El planteo había sido realizado por el abogado de los empresarios, Martín Magram, quien cuestionó que el proceso judicial se originó en el uso de grabaciones no autorizadas, atribuidas al exdirector del organismo estatal Diego Spagnuolo, por entonces director de la ANDIS.
La defensa argumentó que esas grabaciones podrían ser falsas, adulteradas o haber sido obtenidas sin consentimiento, lo que las tornaría ilegales y violatorias de derechos constitucionales.
Tras la decisión del titular del Juzgado Federal N°11, Sebastían Casanello, que va en sintonía con la postura manifestada días atrás por el fiscal a cargo del expediente, Franco Picardi, la defensa podrá apelar ante la Cámara Federal.
«En cuanto a si una denuncia puede tomar el contenido de conversaciones privadas, es bueno recordar la diferencia entre medios de investigación y medios de prueba, en la medida en que los primeros permiten llegar a los segundos», aclaró Casanello en su fallo, y concluyó que una demanda «es un acto básico de información que, de no ser desestimada, da pie a un procedimiento de descubrimiento de la verdad».
El expediente por supuesta corrupción en ANDIS se abrió a mediados de agosto, luego de que el canal de streaming Carnaval filtrara audios en los que Spagnuolo -quien en ese entonces estaba al frente del organismo y que fue desplazado tras desatarse el escándalo- hablaba de coimas pagadas por droguerías.
