Tras el hundimiento del submarino en noviembre de 2017 los allegados de los tripulantes que fallecieron denunciaron maniobras de seguimiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e iniciaron una denuncia penal.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cerraron definitivamente la causa contra el expresidente y los directivos de AFI.
La Justicia confirmó que había material en la sede de la AFI de Mar del Plata sobre marchas, misas y actividades públicas realizadas por las familias. Luego del hallazgo de la información personal el juez federal de Dolores Martín Bava procesó a Macri, y a los titulares de la Agencia Gustavo Arribas, Silvia Majdalani por presunto espionaje ilegal.
El magistrado consideró que las tareas buscaban "influir en la situación política e institucional del país".
El 15 de julio de 2022, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Cámara Federal porteña revocaron el procesamiento y dictaron el sobreseimiento de todos los imputados, argumentando que la recolección de información personal de redes sociales y mediante supuestos infiltrados en movilizaciones formaban parte de las tareas de seguridad presidencial.
Ese fallo fue revisado y ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, desestimó la acusación por maniobras de espionaje ilegal.
Los magistrados destacaron que la recolección y sistematización de información "formaban parte de las tareas que hacían a la seguridad del presidente y descartó la hipótesis de espionaje".
"Aun cuando el magistrado de la instancia haya dejado entrever que la información sobre preguntas o reclamos habría sido alcanzada mediante infiltraciones, lo cierto es que las declaraciones testimoniales de los familiares (...) echan por tierra esa inferencia", sostuvo el fallo al que accedió Infobae. Y agregó que los denunciantes "admitieron que sus expectativas y reclamos eran comunicados también por medios de información o incluso por videos en redes sociales".
En la misma línea indicaron que "queda descartado cualquier tipo de secretismo entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios ilegales". Los querellantes reclamaron y apelaron en la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, el máximo tribunal falló en la misma línea y cerró la primera causa que enfrentó el exmandatrio tras retirarse de la Casa Rosada.
