La magistrada consideró que las apelaciones que presentó el Gobierno por la vía de la Procuración del Tesoro -la defensa legal del país- forman parte de una “estrategia dilatoria” y exigió que la información sea compartida para antes del 30 de octubre.
“Verbalmente, Preska obligó a Argentina a entregar whatsapps, mails, el 30 de octubre, todo lo que es off-channel communications, es decir, todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos”, explicó el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril.
A su vez, señaló que el argumento del país fue el de afirmar que no se trataba de “elementos oficiales“, pero que aún así la jueza reclamó que los “consiga y entregue” previo a que finalice el mes.
