La presentación judicial busca la declaración de inconstitucionalidad de la resolución nacional y solicita, además, una medida cautelar urgente para evitar la consolidación de efectos que, según el Ejecutivo fueguino, podrían generar daños económicos y laborales de difícil reversión.
Desde el oficialismo nacional indicaron que, a partir de mediados de 2025, la ANPyN comenzó a recibir denuncias provenientes de trabajadores portuarios y del sector empresario local, vinculadas al deterioro de la infraestructura, falta de inversiones sostenidas y presuntas inconsistencias financieras en la administración del puerto.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, fundamentó la intervención del Puerto de Ushuaia al señalar que «se detectó un presunto desvío de fondos por 6.000 millones de pesos, además de otras irregularidades vinculadas a la infraestructura y el estado edilicio.
En ese marco, sostienen que las autoridades provinciales estaban al tanto de esos planteos.
Ese cúmulo de observaciones derivó en inspecciones técnicas y, posteriormente, en la decisión de avanzar con una intervención administrativa sobre el área de infraestructura portuaria.
El gobernador Gustavo Melella rechazó de manera categórica los argumentos utilizados por el Gobierno nacional y calificó la medida como una “intervención encubierta”, a su entender incompatible con el marco constitucional y el principio de autonomía provincial.
