La iniciativa busca realizar una "limpieza" del digesto jurídico argentino, eliminando leyes que el oficialismo considera anacrónicas, sin aplicación real o directamente incompatibles con los principios de la Constitución Nacional.
Este proyecto retoma la esencia de una propuesta presentada en 2024 bajo el nombre de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta.
En aquel entonces, el Ejecutivo planteaba dar de baja 63 leyes, pero el debate nunca prosperó en las comisiones.
Ahora, la gestión relanza la apuesta como una pieza clave de su plan de desburocratización y reducción del peso del Estado sobre los ciudadanos.
