Se pasa de un esquema asistencial a uno orientado a la generación de empleo y autonomía económica, mientras que se indicó que es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad.
La iniciativa alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual, mientras que en el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares: el sistema implicaba unos $10 mil millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja.
La medida busca dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaba en todos los casos a quienes realmente lo necesitan, y representa el fin de los intermediarios y del negocio de los "gerentes de la pobreza".
