La medida forma parte de una estrategia orientada a fortalecer los controles estatales sobre la tenencia de armas de fuego y, al mismo tiempo, ampliar las herramientas disponibles para reducir la cantidad de armamento que permanece fuera de los registros oficiales.
Además del régimen de regularización, la norma extiende hasta fines de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
En paralelo, la norma también extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una política pública que promueve la entrega anónima y segura de estos materiales.
La legislación permite que personas que poseen armas de uso civil o uso civil condicional sin registrar, o con registraciones incompletas o irregulares, puedan presentarse voluntariamente ante la ANMAC para iniciar el proceso de regularización.
Una vez iniciado el trámite, el organismo deberá realizar una serie de verificaciones técnicas, administrativas y registrales para determinar la situación del arma. Si las comprobaciones resultan satisfactorias, los datos del material y de su titular serán incorporados al Banco Nacional Informatizado de Datos, quedando formalmente registrados.
