La medida fue comunicada oficialmente por un conjunto de prestadores de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, que señalaron que el deterioro de los aranceles compromete cada vez más la posibilidad de sostener las prestaciones en condiciones regulares.
Según explicaron, durante los últimos dos años y medio la inflación acumulada alcanzó el 341%, mientras que los valores reconocidos por PAMI aumentaron un 143%.
De acuerdo con el cálculo realizado por las instituciones, esto representa una pérdida del valor real de los aranceles cercana al 75%.
«Hay procedimientos donde se pierde dinero, como los de urología.
Solo el material descartable cuesta más caro que lo que paga PAMI. A eso habría que sumarle los honorarios del médico, enfermera, quirófano, material descartable, comida, cama», explicó el dueño de un sanatorio -que prefirió el anonimato- en diálogo con La Política On Line.
«Al gobierno no le importa. Quieren que las prestaciones las pague la gente, pero por ley no pueden hacerlo, entonces no hace nada. Nunca viví un mecanismo tan ridículo y tan dogmático de funcionamiento», agregó. «Algunos profesionales dejaron de atender, entonces los afiliados de PAMI solo pueden ir a las urgencias. Es una situación muy perversa», se quejó.
