La iniciativa propone modificar el artículo 11 de la Ley 25.054 y elevar del 5 por mil, al 6 por mil la contribución obligatoria sobre las primas de seguros, con excepción del ramo vida.
El proyecto establece expresamente que esta contribución estará a cargo de las entidades aseguradoras y no podrá ser trasladada a las primas que abonan los tomadores de seguros.
Según los fundamentos de la iniciativa, el incremento representa apenas un punto por mil adicional sobre las primas alcanzadas y permitiría aumentar en un 20% los recursos destinados actualmente al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, sin generar erogaciones adicionales para el Tesoro Nacional.
El proyecto establece que los recursos adicionales deberán destinarse prioritariamente a la adquisición, renovación y mantenimiento de autobombas, unidades de rescate y equipamiento, además de la capacitación y profesionalización de los cuerpos activos.
También contempla el fortalecimiento de la infraestructura edilicia y tecnológica y el desarrollo de sistemas de prevención y respuesta ante incendios forestales, emergencias hídricas y riesgos industriales, junto con la incorporación de herramientas tecnológicas y sistemas integrados de emergencia.
“Los bomberos voluntarios constituyen una de las instituciones de mayor reconocimiento y valoración social de nuestro país”, sostiene Giuliano en los fundamentos, al destacar que existen más de 900 asociaciones distribuidas en todo el territorio nacional, que brindan un servicio esencial de prevención, protección y respuesta ante emergencias.
Un criterio federal para distribuir los recursos
La iniciativa también incorpora mecanismos para garantizar una distribución federal, equitativa y transparente de los fondos. En particular, establece que deberán priorizarse las asociaciones con menor capacidad operativa, las regiones expuestas a riesgos climáticos, forestales, portuarios, viales o industriales y aquellas localidades que presenten una cobertura territorial insuficiente.
Además, la Superintendencia de Seguros de la Nación deberá publicar anualmente un informe detallando los montos recaudados, la distribución de los recursos, las asociaciones beneficiarias, las inversiones realizadas y los resultados operativos alcanzados.
