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En la iniciativa, el diputado nacional prevé que ese derecho quede protegido tanto ante los poderes del Estado, como incluso ante las autoridades y propietarios de los medios de comunicación en los que se desempeñen los periodistas profesionales.
En este sentido, en su articulado, el proyecto explicita que “cuando un periodista profesional fuese citado a declarar como testigo en un proceso judicial de cualquier naturaleza, tanto en el orden federal como en el local, estará relevado de dar cuenta de la identidad de sus fuentes de información“, y declara “improcedente” la realización de allanamientos u otras diligencias orientadas al conocimiento de esas fuentes.
Menna explicitó en el proyecto que la definición de “periodista profesional” es la incluida en el Estatuto del Periodista Profesional aprobado por la Ley 12.908, vigente desde 1946.
