En medio de la polémica por la compra de la vacuna rusa, llevada adelante por el gobierno de Alberto Fernández, el fiscal Jorge Di Lello no hizo lugar a una denuncia en contra de la adquisición del producto por considerar que «carece de los requisitos mínimos» que debe tener una presentación judicial para que se le de curso legal. La denuncia, fue impulsada por el abogado Daniel Jaime Igolnikov el 9 de noviembre último.
El letrado realizó la presentación luego de que el presidente anunciara, tal como informó El Intransigente, que la Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus y que la primer tanda se distribuirá en diciembre próximo.
En el documento elevado a la Justicia, el profesional se refirió a un presunto «viaje secreto» de funcionarios públicos y de integrantes de compañías relacionadas con el «plan vacunatorio» y a supuestos «negocios con el Estado».
Además el profesional pidió ser considerado querrellante particular ante el presunto negocio para obtener la vacuna rusa y en ese sentido, recalcó que el producto aún no cumplió con la totalidad de la fase tres, la última etapa antes de ser aprobado por las autoridades sanitarias pertinentes. Para concluir, el abogado puso el foco en su estado de salud y contó que es paciente de riesgo, ya que, sufre distintas enfermedades, las cuales detalló en el escrito.
Sin embargo, el fiscal calificó la presentación del letrado como «sumamente confusa», ya que, no precisa «las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían acaecido» los hechos a los que hace referencia. En consecuencia, el juez Marcelo Di Giorgi, basándose en los argumentos del fiscal, sostuvo que el documento «no logra mantener un hilo conductor» y que no cuenta con los «elementos suficientes que permitan establecer la presencia de un ilícito».
